Régimen Ortega-Murillo sin aliados en OEA: aprobación unánime de resolución contra violaciones de derechos humanos

32 países de la OEA aprueban esta resolución, exigiendo la libertad inmediata de los presos en Nicaragua por causas políticas y religiosas.

Y se quedaron solos. El aislamiento diplomático del régimen de Nicaragua se evidenció, como nunca, en la 54.ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebra en Paraguay.

Los cancilleres y embajadores reunidos en Asunción aprobaron por aclamación una resolución que insta “a los Estados del hemisferio a redoblar sus esfuerzos por facilitar, por medio de acciones individuales o colectivas, el cese de la violación a los derechos humanos” en Nicaragua.

La resolución, aprobada por los 32 países de la OEA —sin la participación de Nicaragua y Venezuela, que ya no pertenecen al organismo—, demanda que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “libere inmediata e incondicionalmente a todas las personas que hayan sido privadas de su libertad por motivos políticos o religiosos”.

No hubo una sola palabra o intervención de algún representante de país a favor de la dictadura de la familia Ortega-Murillo.

Nadie clamó por ellos en la OEA.

Al contrario, las voces que se oyeron en el concierto diplomático fueron de rechazo y condena y la letra de la resolución explica por sí misma la grave situación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que aplica la dictadura más tenebrosa del continente.

Solo El Salvador, bajo la administración polémica del reelecto Nayib Bukele, se mantuvo al margen de admitir como propia la resolución alegando “principio de no intervención ni injerencia en los asuntos de internos de otro país”, pero igual aprobó el documento.

Promotores y contenido de la resolución

Promovida por Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Perú y Antigua y Barbuda, la resolución llama a los Estados miembros de la OEA a tomar medidas para “poner fin a la persecución ideológica, ya sea política o religiosa” en Nicaragua.

Asimismo, urge el cese de toda violación a los derechos humanos y la implementación de medidas efectivas para la restauración de las instituciones democráticas, especialmente en cuanto a la observancia del Estado de derecho y los derechos humanos.

El texto también destaca la situación de desplazamiento de más de 270.000 nicaragüenses que han buscado asilo en todo el mundo y expresa preocupación por la supresión de espacios cívicos mediante la cancelación de más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil, la privación de nacionalidad y derechos políticos de más de 300 personas, el cierre o confiscación de al menos 54 medios de comunicación y el exilio forzado de más de 250 periodistas.

Derechos de movilidad y el papel de la CIDH

La resolución, denominada “Seguimiento de la Situación en Nicaragua”, enfatiza la necesidad de restablecer el derecho de los nicaragüenses a entrar y salir del país sin problemas y exige “el fin inmediato de la impunidad de las instituciones estatales y otros actores que perpetraron graves violaciones de derechos humanos”.

Además, solicita al régimen respetar todas las medidas otorgadas por la CIDH y “abstenerse de reprimir y detener arbitrariamente a líderes de la Iglesia evangélica, y proporcionar información sobre la salud física y psicológica de los once líderes religiosos de Puerta de la Montaña”, actualmente detenidos en instalaciones de máxima seguridad.

También se exhorta al régimen a “involucrarse constructivamente con el sistema interamericano de derechos humanos, facilitando el escrutinio internacional en el marco del derecho internacional, permitiendo el ingreso a su territorio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su seguidor especial, Mecanismo de adhesión, así como otros organismos internacionales competentes”.

Reacciones de gratitud de opositores

La aprobación unánime fue elogiada y aplaudida por opositores nicaragüenses en el exilio.

Juan Sebastián Chamorro, por ejemplo, la catalogó como “una demostración contundente”: “La resolución de la OEA manda a los estados miembros a hacer todas las acciones necesarias para incidir en un cambio en Nicaragua. Que haya sido por aclamación y no por votación es una demostración contundente del aislamiento de Ortega. Nicaragua presente en OEA, gracias”. 

A través de su cuenta en X, el principal grupo opositor de Nicaragua, Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde, enrostró al régimen su humillante derrota diplomática: “El régimen Ortega-Murillo abandonó la OEA creyendo que el organismo ignorará la crisis de Nicaragua, pero representantes de los Estados miembros y Grupo de Países Voluntarios siguen pendientes y trabajan en busca de soluciones en la 54 Asamblea General de la OEA”.

De igual modo la activista de derechos humanos Berta Valle, de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, celebró la resolución y agradeció el esfuerzo de los nicaragüenses que participó en el foro denunciando al régimen sandinista.

“Agradezco y felicito a cada nicaragüense que participó en la 54° Asamblea de la OEA. Cada esfuerzo aportó a esta resolución que insta a los Estados del hemisferio a redoblar sus esfuerzos por facilitar el cese de la violación a los derechos humanos en Nicaragua”, dijo en su cuenta de X.

Dictadura de espaldas a la democracia

La salida de Nicaragua de la OEA, oficializada el 19 de noviembre de 2023, la convirtió en el segundo país de América Latina en abandonar voluntariamente el organismo, después de Venezuela.

El retroceso ocurrió al cumplirse dos años desde que el régimen de Ortega-Murillo denunciara la Carta Constitutiva de la OEA y posteriormente asaltara a mano armada la sede diplomática, alegando supuestas “constantes actitudes injerencistas”.

Desde abril de 2018, Nicaragua ha vivido una crisis de derechos humanos que ha llevado a la comunidad internacional a mantener un enfoque crítico hacia el régimen de Ortega-Murillo, a quien informes de la ONU señalan de cometer crímenes de lesa humanidad.

Las violaciones documentadas han incluido represión violenta de protestas, encarcelamiento de opositores políticos y restricciones severas a la libertad de prensa y expresión.

Otras resoluciones de la OEA

El 54 Período de Sesiones de la Asamblea General de la OEA también aprobó hoy la Declaración de Asunción “Integración y seguridad para el desarrollo sostenible de la región” y otras 13 resoluciones:

– Derecho Internacional

– Aumento y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil y los actores sociales en las actividades de la Organización de los Estados Americanos y en el Proceso de Cumbres de las Américas

– Aumento y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil y los actores sociales en las actividades de la Organización de los Estados Americanos y en el Proceso de Cumbres de las Américas

– Convocatoria del Quincuagésimo quinto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para considerar y aprobar el programa-presupuesto 2025 y tratar asuntos administrativos y otros asuntos presupuestarios

– Coordinación del voluntariado en el hemisferio para la respuesta a los desastres y la lucha contra el hambre y la pobreza – Iniciativa Cascos Blancos

– Papel prioritario de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones en el Desarrollo de las Telecomunicaciones/Tecnologías de la Información y la Comunicación

– Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes

– Papel y parámetros de actuación de las personas que ejerzan la titularidad de la Secretaría General y de la Secretaría General Adjunta de la OEA

– Impulsando iniciativas hemisféricas en materia de desarrollo integral: Promoción de la resiliencia

– Continuar impulsando el fortalecimiento del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI)

– Fomentemos el Desarrollo de Puertos Competitivos, Seguros, Sustentables e Inclusivos

– Promoción de la Conectividad y Tecnología para el Desarrollo socioeconómico Resiliente en las Américas

– Continuación de los esfuerzos para el restablecimiento inmediato de la seguridad, el fortalecimiento de la asistencia humanitaria, la promoción del desarrollo socioeconómico y la prestación de asistencia para la protección de los derechos humanos y la democracia en Haití

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