Al menos 47 personas opositoras y críticas del Gobierno de Nicaragua, que preside Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo, siguen en las cárceles de ese país, incluidos 14 adultos mayores, denunció este lunes el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
“Al cierre de enero, 47 personas continúan privadas de libertad por razones políticas, entre ellas 7 mujeres y 40 hombres (incluyendo 10 detenidos antes de la crisis de 2018)”, precisó en un informe ese mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“A pesar de que la cifra ha aumentado con respecto al mes anterior, se advierte de que el número real podría ser mayor debido al ambiente de represión y falta de acceso a información pública”, alertó ese organismo.
La prensa nicaragüense y el organismo Alertas Libertad de Prensa Nicaragua reportaron este lunes las detenciones del activista disidente Yasser Morazán y del periodista Irving Guerrero, que no aparecen en la lista del Mecanismo.
El organismo avalado por la CIDH advirtió que entre las 47 personas detenidas hay 12 que “se encuentran desaparecidas por ocultamiento de paradero y negación de visitas”.
“Destaca el caso del diputado indígena Brooklyn Rivera, quien lleva más de 400 días desaparecido bajo la responsabilidad del Estado, sin que su familia reciba información sobre su paradero o estado de salud”, de acuerdo con el informe.
Asimismo, el Mecanismo sostuvo que continúa el “hostigamiento” contra la iglesia Católica, “con restricciones a procesiones y actividades religiosas, además del destierro de líderes religiosos”.
En ese sentido, mencionó que en enero pasado 30 monjas de la Orden de Santa Clara fueron expulsadas de Nicaragua.
Además, reportó que en enero, la Asamblea Nacional aprobó reformas que “consolidan el poder del régimen, incluyendo la designación de Daniel Ortega y Rosario Murillo como ‘copresidentes’ y la creación de la ‘Policía Voluntaria’, una fuerza de civiles enmascarados que genera preocupación por su potencial uso como grupo paramilitar”.
El Mecanismo, que está conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogados, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales, reiteró su denuncia ante la comunidad internacional y exigió la liberación “inmediata” de todos los presos políticos en Nicaragua, el cese de la represión y el respeto a los derechos humanos en el país.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.
