Representantes de más de una veintena de organizaciones sociales y ambientalistas denunciaron este miércoles que los pobladores de una comunidad de El Salvador que se opone a la minería metálica están sufriendo de acoso por parte de «personas desconocidas y sospechosas» y temen detenciones de activistas.
Se trata de la comunidad Santa Marta, ubicada en el municipio de Victoria, en el departamento de Cabañas (norte), cuyos habitantes empujaron la prohibición de la minería metálica en El Salvador, que fue prohibida en marzo de 2017 por la Asamblea Legislativa.
En este lugar también habitan cinco líderes comunitarios que enfrentarán un nuevo juicio penal en febrero próximo, luego de que una corte de apelaciones revirtió un fallo que sobreseyó la causa contra los activistas, que estarían siendo víctimas de un «doble juzgamiento».
Vidalina Morales, de la organización no gubernamental Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), expresó en una conferencia de prensa que en la comunidad existe una «tremenda preocupación por lo que pueda acontecer».
«Nuestra tranquilidad como pobladores de Santa Marta se está viendo constantemente amenazada por presencia de personas ajenas a la comunidad, extrañas a la comunidad (…) esta misma situación la vivimos previo a la captura de los compañeros» procesados que sucedió el 11 de enero de 2022, indicó Morales.
La líder comunitaria aseguró que siguen «temiendo mucho» por sus vidas y señaló que también temen que se lleven a cabo más detenciones de ambientalistas luego que el Congreso diera su aval en diciembre pasado para permitir la exploración y explotación minera en el país.
Morales reiteró que como ADES rechazan y condenan la realización de un nuevo juicio contra los ambientalistas de Santa Marta, acusados de un asesinato cometido durante la guerra interna (1980-1992).
«Esperamos que (los jueces) actúen en conformidad a la ley y que se apeguen al debido proceso», añadió.
Una corte de apelaciones revirtió el fallo que sobreseyó la causa penal contra los activistas, el cual fue emitido el pasado 18 de octubre por el Juzgado de Sentencia de la localidad de Sensuntepeque (noreste).
El 18 de octubre, el juzgado de Sensuntepeque dictó un sobreseimiento definitivo al declarar extinta la acción penal por los cargos de asesinato y asociaciones ilícitas por un supuesto homicidio cometido en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
La Fiscalía General señaló en su momento que «todos los procesados» son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusó del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, el 22 de agosto de 1989, sin que haya dado mayores detalles del caso, puesto bajo reserva.
Los procesados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, fueron procesados desde enero de 2023.
Además, fueron juzgados en ausencia Eduardo Sancho, alias ‘Fermán Cienfuegos’ -uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a la guerra interna- y Arturo Serrano Ascencio.
