La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, invocó este fin de semana una ley que solo fue usada en tiempos de guerra para enviar sin el debido proceso e ignorando las órdenes judiciales a cerca de 300 venezolanos a una cárcel en El Salvador, mientras que ha negado la entrada o ha sido acusada de maltratar a extranjeros con permisos de residencia o visados que no han sido acusados de ningún delito.

La Casa Blanca echó mano la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada en la guerra de 1812 y las dos Guerras Mundiales, para equiparar a la banda criminal Tren de Aragua con un enemigo invasor, algo que ha sido criticado por expertos constitucionalistas y que hasta el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) considera que no está reservado para la situación actual.

Según dijo Trump anoche a bordo del Air Force One, el envío de 238 venezolanos a la cárcel para pandillas de El Salvador responde a una situación que “es más peligrosa que una guerra” y que se trata de un invasión de “gente mala, como digo yo, ‘bad hombres'”, pese a que la ley claramente define una invasión, como una incursión a manos de una nación extranjera.

Ahora el debate está centrado en si la Administración Trump incumplió la orden del juez federal James Boasberg que ordenó detener el envío de estos supuestos criminales (que no han tenido la oportunidad de defenderse ante la Justicia) y hacer regresar a los aviones si fuera necesario.

La Casa Blanca asegura que cuando la orden del juez llegó ya era demasiado tarde para dar marcha atrás, pero datos de los vuelos indican que los aviones aterrizaron en Honduras a las 19:37 hora del este de Estados Unidos, antes de tomar camino de El Salvador, y la orden del juez se emitió a las 18:46 y fue publica da las 19:26 de la tarde.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este lunes que el Gobierno no se ha negado cumplir con la orden judicial y “la orden escrita y las acciones de la Administración no han entrado en conflicto” en la encarcelación de estos “terroristas” en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde, según la asociación Cristosal, se violan los derechos humanos.

“La orden, que no tiene base legítima, fue emitida después de que los extranjeros terroristas del Tren de Aragua ya habían abandonado el territorio estadounidense”, añadió Leavitt.

El diario The New York Times identificó a Francisco Javier García Casique como uno de los enviados a El Salvador, pese a que su madre asegura que no tiene evidencias de que sea miembro del Tren de Aragua y que fue detenido por sus tatuajes.

“Estamos al inicio de una verdadera crisis constitucional”, aseguró en X Mark S. Said, abogado experto en temas de seguridad nacional.

Negación de visados y permisos de residencia

A estas voces de alerta se sumó este fin de semana la del profesor de Harvard Noah Feldman, quien criticó la detención del residente permanente Mahmoud Khalil por expresar opiniones a favor de los palestinos en protestas protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución.

A este caso se han sumado recientemente acusaciones como la de Astrid Senior, que aseguró a la emisora WGBH que su hijo Fabian Schmidt, con permiso de residencia o Tarjeta Verde, fue desnudado e “interrogado violentamente” al llegar al aeropuerto de Boston al resgresar de Luxemburgo, algo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) negó este fin de semana.

Un caso similar será tratado hoy en un tribunal federal de Boston, después de que la profesora de la Universidad de Brown Rasha Alawieh, de 34 años, fuera deportada al Líbano a su llegada al mismo aeropuerto, pese a que un juez bloqueó esa decisión y que tenía una visa H1-B.

El decano de la escuela de periodismo de Columbia University, Jelani Cobb, mantuvo una reunión privada con sus alumnos para advertirles que el país pasa por “tiempos peligrosos” y que eviten expresar en redes sociales opiniones que puedan contrariar al Gobierno de Trump.

“Cuando se solicita entrar en EE.UU. y recibes un visado, eres un invitado. Si te decimos que vienes a Estados Unidos a participar en un evento pro-Hamás está en contra del interés de Estados Unidos. Si lo hubiésemos sabido no te daríamos el visado”, indicó el domingo en una entrevista con la cadena CBS el secretario de Estado, Marco Rubio.

Casa Blanca dice que orden judicial para no deportar a venezolanos carece de base legal

La Casa Blanca negó este lunes que el Gobierno estadounidense ignorara la orden judicial emitida el sábado para impedir la deportación de ciudadanos venezolanos a El Salvador mediante la invocación de la ley de enemigos extranjeros y aseguró que el decreto del juez federal carece “de fundamento legal”.

“La Administración no se ‘negó a cumplir’ una orden judicial. Ésta, carente de fundamento legal, se emitió después de que extranjeros terroristas de TdA (siglas de la banda criminal transnacional Tren de Aragua) ya hubieran sido expulsados ​​del territorio estadounidense. La orden escrita y las acciones de la Administración no chocan”, escribió hoy en un mensaje en X la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Además, el Tribunal Supremo ha dejado claro en repetidas ocasiones que los tribunales federales generalmente no tienen jurisdicción sobre la gestión de asuntos exteriores del presidente, sus facultades bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y sus facultades fundamentales que establece el Artículo II (de la Constitución) para expulsar a terroristas extranjeros de territorio estadounidense y repeler una invasión declarada”, añade.

El sábado el juez federal James Boasberg había prohibido la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros contra la deportación de cinco venezolanos y poco después de la misma amplió su veto para cubrir a todos los no ciudadanos bajo custodia de EE.UU. que estarían sujetos a dicha normativa.

Esa normativa de 1798 no se había utilizado desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y Trump recurrió a ella para acelerar las deportaciones contra miembros del Tren de Aragua.
“Un solo juez de una sola ciudad no puede dictar los movimientos de una aeronave que transporta terroristas extranjeros que estaban siendo físicamente expulsados de territorio estadounidense”, concluye el mensaje Leavitt.

En un primer momento, el secretario de Estado, Marco Rubio, dio a entender que el Gobierno había ignorado abiertamente la orden cuando informó el sábado de que unos 250 supuestos integrantes del Tren de Aragua fueron trasladados a El Salvador.

La Casa Blanca está dispuesta a llevar al Tribunal Supremo el bloqueo de la Ley de Enemigos Extranjeros, que permite las deportaciones sin una audiencia previa, según adelantó el domingo el medio Axios citando a funcionarios de la oficina presidencial estadounidense.