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En un evento conmemorativo del 40° aniversario de la Convención Contra la Tortura, la relatora especial de la ONU sobre la Tortura, Alice Jill Edwards, junto con organizaciones internacionales, abordaron la situación en América Latina y los retos para la justicia y reparación de las víctimas.
Justicia y rehabilitación para víctimas de tortura en América Latina
Durante la sesión, se discutieron estrategias para fortalecer los estándares internacionales de protección, con especial énfasis en Nicaragua, Venezuela, El Salvador y Guatemala.
“Queremos escuchar de las víctimas que todavía siguen sufriendo la tortura en la región. Creo que su voz y su testimonio son centrales” afirmó Edwards, destacando la importancia de la participación de los sobrevivientes en estos espacios.
La relatora subrayó la necesidad de impulsar la rehabilitación y justicia para quienes han sufrido tortura. “Debe haber procedimientos adecuados para solución de quejas e investigaciones independientes e imparciales”.
Tortura sistemática y reforma agrava la represión en Nicaragua
Uno de los testimonios más impactantes fue el de abogado Salvador Marenco del Colectivo Nicaragua Nunca Más, quien denunció que “la tortura y detención arbitraria en Nicaragua ya había sido establecida como una política de Estado desde el inició de las protestas en 2018”. Marenco detalló que su organización ha documentado “229 caso de personas supervivientes de torturas, evidenciando más de 170 perpetradores y 40 métodos de tortura”, entre ellos golpizas, choques eléctricos y violencia sexual.
El abogado alertó sobre la reciente reforma Constitucional en Nicaragua, la cual “elimina la referencia a la prohibición de la tortura” y subordina el poder judicial a la presidencia, lo que deja a las personas presas políticas en “una absoluta indefensión”.
Según Marenco, esta situación ha derivado en “desapariciones forzadas, destierros y la continua vigilancia a familiares en el país”.
Por su parte, Edwards hizo un llamado a fortalecer mecanismos internacionales de prevención, incluyendo la eliminación de “herramientas de torturas” y la regulación del comercio de estos dispositivos. “Hay una alianza basada en Estados para el comercio libre de tortura que ahora tiene 40 países, pero lamentó que más países de América Latina no sean parte de ese tratado” señaló.
La tortura en Venezuela
En el caso de Venezuela, Donavan Ortega expresó que la represión y la persecución contra defensores de derechos humanos y la población en general se ha intensificado. Ortega denunció la violencia ejercida por las fuerzas públicas y grupos armados progubernamentales conocidos como colectivos, particularmente en el contexto de protestas tras los cuestionados resultados electorales.
Donde además dijo que “el gobierno reconoció la detención arbitraria de 2.000 personas, de las cuales solo el 10% han sido liberadas, mientras se reportan prácticas de tortura en los centros de detención.”
Ortega denunció en Venezuela nuevas tácticas represivas, como la cancelación de pasaportes a opositores y la promoción de denuncias vecinales contra presuntos disidentes a través de aplicaciones digitales.
En este marco, la comunidad internacional fue instada a rechazar y denunciar todo acto de tortura en la región. Se destacó la importancia de buscar justicia para las víctimas y garantizar la prohibición absoluta de la tortura en todas partes del mundo. “Las personas defensoras de derechos humanos son una de las principales víctimas de torturas y sus condiciones son extremadamente graves” se destacó en la sesión.
Los expertos coincidieron en que la lucha contra la tortura sigue siendo un desafío pendiente. “El camino no es lineal” advirtió Edwards, instando a los Estados a comprometerse con la erradicación de estas prácticas y garantizar justicia para las víctimas.
