Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com
A seis meses de la toma de posesión de las 153 alcaldías por el partido Frente Sandinista controlado por Daniel Ortega, tres alcaldes de las filas sandinistas han sido destituidos de su cargo, según el último informe presentado por Urnas Abiertas.
«Este primer semestre -de ocho que tienen que cumplir- estuvo marcado por el hermetismo en la gestión de las alcaldías», sostiene la organización fiscalizadora electoral, señalando que las acusaciones por fraude electoral en el proceso del 2022 solamente dejó como saldo que «el FSLN consolidó su escalada totalitaria».
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Según el informe en solamente los primeros seis meses de este año, tres alcaldes y un vicealcalde han sido removidos de sus cargos, que muchos han ocupado por una decena de años. Tal es el caso del primer alcalde destituido del 2023, Jaime Aráuz, ex alcalde de El Tuma-La Dalia, en Matagalpa, fue destituido de su cargo a tan solo 9 días de haber tomado posesión, el 19 de enero de 2023, y luego de haber estado en el cargo por más de 22 años. A través de la intervención del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) destituyó al funcionario sandinista y en su lugar ubicó a la vice alcaldesa, Francis Lucila Tórrez.
Según un militante sandinista de este municipio del departamento de Matagalpa, sostuvo a Intertextual que la versión que Aráuz brinda a personas cercanas, es que dimitió a su cargo por problemas de salud, «pero todos sabemos que esa es una coartada ya que la alcaldía se encuentra intervenida por el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) y lo obligaron a renunciar por presuntas irregularidades que se han detectado», explicó la fuente bajo anonimato por seguridad.
Tras permanecer durante cinco períodos en el cargo y ser reelecto para su sexto mandato, Aráuz era considerado como el alcalde eterno del municipio El Tuma-La Dalia, pero desde el 2017, la mismas militancia sandinistas, venían mostrando inconformidad con su administración y a la vez comenzaron a señalarlo de actos de corrupción.
Desde que se creó el municipio en agosto de 1989, Aráuz estuvo al frente como coordinador del gobierno local a la espera de que se realizarán las elecciones generales de 1990. En dichos comicios, se convirtió en el primer alcalde del municipio y con la venia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue reelecto en las elecciones de 1996, 2004, 2012, 2017 y las del 2022.
Seguido de la destituciones «solapadas», Pedro Vargas que el 9 de marzo, el Consejo Municipal de Granada aceptó la renuncia del ex alcalde, por supuestas “razones de salud”. Una fuente del mismo partido, dijo que fue obligado a dejar el cargo pues su figura era decorativa y quien se ocupaba de tareas administrativas y tenía un papel protagónico en los eventos de la comuna era su entonces vicealcalde Rosario Caldera, quien fue nombrada en su reemplazo del cargo.
El libero-conservador y su militancia al partido sandinista logró llegar a la alcaldía en las elecciones municipales del 2012, cuando fue fórmula de la alcaldesa Julia Mena, bajo la denominada Alianza Unida Nicaragua Triunfa, aunque mucha de la ciudadanía de la Gran Sultana le llamaban el «alcalde decorativo».
El tercer relevo quien se fue junto a su vicealcalde fue Lesbia Triminio del Ciudad Darío en Matagalpa quien junto a Donald de la Cruz Treminio su vicealcalde, fueron investigados por supuesta malversación de fondos, por un supuesto desfalco de más de 40 millones de córdobas en la comuna.
La concejal suplente, Maritza Ruiz Matamoros, fue impuesta por el régimen de Daniel Ortega como la nueva alcaldesa del municipio Ciudad Darío, del departamento de Matagalpa en sustitución de la profesora María Lesbia Treminio Chavarría, por ser destituida de su cargo por presuntos actos de corrupción y fuentes cercanas a la comuna informaron a Intertextual del traslado de la profesora a las celdas de Auxilio Judicial en la capital Managua.
«Estas destituciones en total hermetismo y sin respetar los procesos administrativos indicados han sido una práctica común del gobierno central, y es una de las tantas formas en que se expresa la destrucción completa de la autonomía municipal. En el caso de las alcaldías, todas señalan al Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) como los operadores de estas arbitrariedades», sostiene Urnas Abiertas.
Para el joven activista electoral Sergio Noguera, las destituciones representan un retroceso y centralización del poder desde la presidencia. «En esta situación vemos con claridad que el gobierno central maneja a Nicaragua a su antojo. Lo que hicieron con las elecciones municipales en el año 2008 en Managua, lo fueron trasladado al país en estos 15 años de control total. En pleno 2023 esto afecta a la libertad y libre gobernanza municipal», apunta Noguera.
Sergio concluye que este patrón de destituciones no se detrendrá aduciendo, «estoy seguro que seguira pasando, recordemos que las personas que están en el cargo de alcaldes son títeres del gobierno central. Cuando no acatan sus ordenes desde Managua, caen en desgracia y hasta llegan a inventarles cargo para destituirlos del cargo. Hay dos casos de servilismo municipal que han perdurado como alcalde ejemplo de Sadrach Zeledón Rocha edil de Matagalpa lleva en su cargo 15 años y José Noel Cerda edil de San Rafael del Sur con mas de 20 años. Y si no siguen la línea la cifra de destituciones seguirán», dijo.
Alcaldía bajo investigaciones
Intertextual conoció de la nueva investigación en la alcaldía del municipio de Rivas cabecera del departamento con el mismo nombre, así lo confirman diversas fuentes de información a Intertextual quienes aseguran que todo empezó a mediados del año pasado cuando se hizo una modificación a los alcances de ese proyecto.
En una reunión de Concejo municipal en las que estuvo presente la entonces Secretaria General de la Alcaldía de Rivas, Franliz López, varios concejales le pidieron a la funcionaria que se les diera la lista de proveedores de la municipalidad y que además les explicara por qué se había asignado el proyecto a una empresa que ni siquiera era de Rivas.
López justificó la designación de la constructora caraceña Parrales – Castellón, señalando que en Rivas no había ninguna empresa que tuviese la capacidad para desarrollar un proyecto de tal envergadura, y que además había sido una decisión de René Pilarte, delegado de INIFOM para la cuarta región.
“El proyecto contemplaba el techado de las canchas, la construcción de una piscina y la instalación de servicios higiénicos, pero al final, quitaron lo del techo y lo de la piscina, porque se elevaba el presupuesto, y lo de los baños estaba en veremos” dijo una de las fuentes consultadas.
Sin embargo, esa versión no dejo satisfechos a los concejales, pues entendían que las cosas no se estaban haciendo correctamente. La información sobre un mal manejo de los recursos destinado para la construcción de ese proyecto llegó a oídos de Managua, donde decidieron hace varias semanas, iniciar una investigación a fondo, en la que participa también la Policía Económica.
Los hallazgos de esas investigaciones han provocado ya el despido de cuatro funcionarios del área de proyectos de la municipalidad, y hace dos semanas, fueron cesados también René Pilarte, responsable del INIFOM en la cuarta región, Franliz López, Secretaria General y Nereida Jácamo, asesora legal de la alcaldía.
