En Argentina y El Salvador, en el Día Internacional de las Mujeres, el movimiento feminista y las disidencias sexuales marcharon para denunciar los retrocesos que han implicado los gobiernos de Milei y Bukele, quienes representan a la nueva ola liberal y conservadora en América Latina.
La marcha feminista del pasado 8 de marzo en Argentina y El Salvador cobró otra magnitud, no solo en la afluencia de asistentes. Argentina venía de haber realizado una marcha multitudinaria el pasado 1 de febrero, la cual fue organizada por la diversidad sexual debido a los discursos de odio de Javier Milei contra el colectivo y las mujeres, y el cese de políticas públicas e instituciones clave en derechos humanos; y en El Salvador, las mujeres también marcharon el sábado para denunciar los retrocesos en derechos humanos que representa la gestión de Nayib Bukele y la reciente reactivación de la minería metálica.
Aunque Argentina y El Salvador geográficamente son países distantes y con contextos diferentes, los une algo: la cercanía de Milei y de Bukele con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en su segundo mandato llegó con un discurso más radical en contra de lo que la derecha contemporánea llama despectivamente woke: el pensamiento progresista.
Desde antes de su ascenso, Milei y Bukele ya se habían reunido con el magnate en la Conferencia de Acción Conservadora, en febrero de 2024. Y cuando ambos mandatarios volvieron a sus países, al unísono, prohibieron el acrónimo LGBTIQ+ en las instituciones estatales y toda perspectiva de inclusión y género en las mismas.
En Argentina, un país pionero en las luchas feministas y de la diversidad sexual, Milei cerró el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, de donde dependían políticas públicas a favor de las mujeres y del colectivo LGBTIQ+; y el Instituto contra la Xenofobia, la Discriminación y el Racismo (INADI), la instancia estatal que recibía y acompañaba denuncias por discriminación. Su ataque a las mujeres y disidencias también está presente en sus discursos. Ahora el Gobierno Nacional también busca eliminar del Código Penal la figura del feminicidio.
El #8M, antes de la marcha feminista, la Casa Rosada -la casa de Gobierno- publicó en sus cuentas un video provocativo con una voz femenina en off, con imágenes de las dos exministras de las Mujeres y de feministas con el pañuelo verde. En el video, señalaba que en las gestiones anteriores habían aumentado los gastos en “perspectiva de género”, los cuales habían superado 10 veces más el presupuesto de seguridad y defensa. Con ello, el Gobierno Nacional insistía en su discurso de que el comportamiento de la violencia contra los hombres es el mismo que la violencia que enfrentan las mujeres, sin tomar en cuenta las particularidades que caracterizan a la violencia de género.
“Este 8 de marzo reafirmamos nuestro combate frontal a la ideología woke que busca lucrar dividiendo a nuestra sociedad. Hemos conseguido bajar los homicidios aplicando una sola política: el que las hace las paga. Fuimos en contra de todos los delincuentes, y las mujeres fueron las más beneficiadas”, dice el video.
La marcha de este año en Argentina tuvo matices diferentes a los de años anteriores: las mujeres y disidencias no marcharon desde la Casa Rosada hasta el Congreso de la Nación, como suele ser el recorrido habitual, sino que lo hicieron a la inversa. Este fue el mismo recorrido que realizaron las personas LGBTIQ+ en la marcha del 1 de febrero con el fin de exigirle a Milei que respete las leyes que hasta el momento ha conquistado la sociedad argentina, como la Ley del Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, la cual ya fue reformada para prohibir la hormonización de los y las menores de 18 años. Además, en la marcha del sábado, no hubo lectura de comunicado y se unieron otros sectores también golpeados por la política de ajuste fiscal del Gobierno,, como las personas jubiladas.
“Hay niveles de crueldad, pero no como los que vivimos. Milei está afectando a toda la sociedad, desde los jubilados hasta las disidencias sexuales y las mujeres. A todos nos modificó la vida desde que llegó Milei al poder. Todas las políticas son en contra del pueblo, por eso el pueblo debería salir a la calle, porque no tomó una medida a favor del pueblo”, señaló Salomé González, parte de la Columna Monstri, uno de los colectivos que también convocó a la marcha del 1 de febrero.
El Salvador y el Día Internacional de las Mujeres
El Salvador también vive retrocesos en los derechos humanos y en las pocas políticas públicas favor de las mujeres y de la diversidad sexual que se implementaron en los dos últimos gobiernos que le antecedieron a Bukele. Una de las primeras decisiones de Bukele cuando llegó a su primer mandato, en 2019, fue enviar la Dirección de Diversidad Sexual, que pertenecía a la Secretaría de Inclusión Social, al Ministerio de Cultura. Aunque en papel esta dirección aún sigue funcionando, las organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de la inexistencia de políticas públicas a favor de las disidencias sexuales.
Mientras que el Congreso, dominado por el partido oficialista, engavetó en 2021 un anteproyecto de Ley de Identidad de Género, lo que hace que las identidades trans ni siquiera sean reconocidas por el Estado; y el proyecto de la despenalización del aborto por cuatro causales. A partir de la omisión del acrónimo LGBTI+ en las instituciones públicas, este colectivo es el mayor afectado al momento de querer acceder a derechos básicos como la educación y la salud.
En paralelo a estos retrocesos, El Salvador vive desde marzo de 2022 un régimen de excepción que, a costa de la reducción de homicidios, ha sido el causante de violaciones sistemáticas de derechos humanos que las organizaciones civiles ya han denunciado a nivel internacional. Más de 300 muertes en las cárceles, miles de detenciones arbitrarias y la falta del debido proceso son solo parte de las denuncias contra el Gobierno de Bukele ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organizaciones de las Naciones Unidas.
Bajo este contexto, en diciembre del año pasado, el Congreso oficialista, sin ninguna discusión, aprobó la reactivación la minería metálica, prohibida desde 2017. Y este fue uno de los temas que estuvo presente en la reciente marcha del #8M en El Salvador.
De acuerdo con Grace J., una persona no binaria salvadoreña, en la prohibición de la minería hubo un potente liderazgo de las mujeres en defensa del territorio y, con la reactivación de esta industria, este año las mujeres se posicionaron también desde la defensa de la tierra, la vida, el agua y la salud.
“En el contexto nacional es urgente que salgamos a las calles. El régimen de excepción y el gobierno autocrático han permeado los movimientos y el pueblo de miedo, nos han limitado, nos muestran constantemente lo que puede pasar si no obedecemos al régimen. Quieren dejarnos en las casas, desperanzades, frustrades, inmutades. Vernos en las calles, a través de la santa rabia, la alegría, la resistencia y la solidaridad es urgente, tenemos que poder dimensionar el nivel de indignación que está en nuestro país para sabernos multitudes”, apunta Grace.
