Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com
El ganadero del municipio de Morrito, Río San Juan, Wilmer Duarte Murillo de 46 años y su hijo Wilmer Augusto Duarte Duarte de 20, podrían sumarse en los próximos días a la lista de presos políticos que permanecen en las cárceles de nuestro país.
La información la confirmó a Intertextual, Yáfer Bravo, dirigente de la Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN), con sede central en Costa Rica, quien aseguró que ya se están realizando las gestiones correspondientes para incluir en la lista de presos políticos a padre e hijo.
Ambos permanecen en la cárcel desde hace 5 meses y para mantenerlos en prisión “la fiscalía y la policía les fabricó una absurda historia para acusarlos por transporte de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego y eso es algo que hasta los mismos seguidores del régimen lo saben”, comentó Bravo.
El ganadero y su hijo, fueron detenidos a las 5:30 de la mañana del 29 de octubre del 2022 cuando se encontraban en su finca ubicada en la comarca Los Cerritos, del municipio de Morrito. Ese día oficiales de la policía, dirigidos por el capitán José Adrián Solís González, jefe de la delegación policial de Morrito, llegaron a la finca en busca de armas.
En ese momento Duarte Murillo, se encontraba ordeñando las vacas en el corral y sin orden de captura lo detuvieron y a la vez allanaron la propiedad y pese a no encontrar armas se lo llevaron detenido junto con su hijo.
Además ocuparon dinero en efectivo que Duarte Murillo, tenía en su billetera producto de la venta de leche. A la vez le ocuparon sus documentos personales.A su hijo también le ocuparon sus documentos personales, dinero en efectivo, una moto y un camión freightliner placa MT 23704 utilizado para el traslado de ganado.
Ambos fueron trasladados a la delegación policial de San Carlos, Río San Juan, pero curiosamente el primero de noviembre, dejaron en libertad al papá, para llegarlo a capturar nuevamente al día siguiente.
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Pero la mayor sorpresa, fue cuando la policía, dijo que padre e hijo habían sido capturados el 4 de noviembre del 2022, con 898. 8 gramos de cocaína y un revólver cada uno. nAfirmaron ante medios oficiales que los detuvieron a eso de las 4:30 de la tarde, cuando circulaban en el camión por el empalme Pájaro Negro, de San Carlos hacia Acoyapa, Chontales.
Según Bravo, de esa manera la policía comenzó el montaje, sin importarles que la población sabía perfectamente que todo eso era mentira y que estaban claros que padre e hijo fueron detenidos en la finca por pensar diferente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Como ha sucedido en todos los casos, la fiscalía procedió acusar a padre e hijo por los delitos de transporte ilegal de drogas y tenencia ilegal de armas, sin siquiera contar con pruebas y recurriendo únicamente a la versión de 5 policias.
En el juicio también fue evidente las contradicciones,ya que mientras la fiscalía señaló en su acusación que la droga fue encontrada en un comportamiento ubicado entre el asiento del piloto y el copiloto, pero mismo capitán Solís González dijo el taco de cocaína fue encontrado en la guantera e igual versión dio el sub inspector Gabriel Gutiérrez García.
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En jucio quedó al descubierto que también se violentó la cadena de custodia y ni siquiera se mostró la supuesta droga incautada y pese a que testigos confirmaron que padre e hijo fueron detenidos en su finca el 29 de octubre y no en el lugar y fecha que dijo el fiscal Oscar Benito Reyes, el juez de Distrito Penal de Juicio de San Carlos terminó de cumplir con la misión al declarar culpable a padre e hijo.
Con todo y las irregularidades,el juez los condenó el pasado 17 de febrero a 5 años por transporte ilegal de drogas y le impuso una multa de 300 días, equivalente a 16, 500 córdobas.
Por tenencia ilegal de armas lo condenó a nueve meses y 50 días multa,equivalente a 2, 600 córdobas. Bravo recordó que Duarte Murillo fue víctima de acoso y persecución en el 2018 por participar en las protestas que estallaron en abril de ese año.
El 12 de octubre de ese año, la policía también le llegó a allanar su propiedad y le ocuparon un rifle 22 con su respectiva portación de arma y documentos personales. Una defensora de presos políticos, confirmó que el caso ya está en manos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua