Esta investigación fue desarrollada bajo la iniciativa del Fondo Apoyo al Periodismo de Investigación Colaborativo (FAPIC), de FLED y FPU, en su séptima edición.
Hecha por: Divergentes, Fundación del Río e Intertextual
El ruido de la motosierra y el crujir de la caída de los árboles espanta a Josefina. Desde el patio de su casa, ubicada en la comunidad indígena río Bocana Wasup Abajo, en el Caribe Norte de Nicaragua, observa con tristeza el despale de cuarenta manzanas de bosque heredadas de sus ancestros. “Me quitaron todo”, dice esta mujer de 45 años, despojada por colonos invasores en un periodo de seis años.
Un día, hace 6 años, los colonos entraron y carrilaron cinco manzanas. Después otras cinco, y continuaron, hasta dejarle una mínima fracción de lo que correspondía. Los invasores entraron con armas de
guerra, le dijeron que el bosque no era suyo y que por “orden del comandante” estaban facultados para ocuparlo y trabajarlo.
Lo extraño, dice Josefina, es que el territorio ancestral fue dividido en pequeños cuadrados, que luego fueron vendidos a invasores territoriales, pese a que esto violenta lo establecido en la Ley 445, sobre el Régimen de
Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes.
El artículo tres de la Ley 445, dicta que “las tierras comunales no se pueden gravar y son inembargables, inalienables e imprescriptibles”. Sin embargo, en la comunidad de Josefina, los invasores han hecho caso omiso. Algunos comunitarios entrevistados explicaron que los colonos no solo entran a la fuerza a tomar los territorios, sino que para validar el ilícito han recurrido a notarios públicos que elaboran escrituras de compraventas, de desmembración y usufructo, cesión de derechos posesorios y/o protocolización de documento privado siendo estos documentos ilegales y nulos.
“El colono ahora se posiciona en el territorio por la fuerza y luego recurre a este ‘documento’ para tener una figura de legalidad. Sin embargo, la Ley 28 (Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua con sus reformas incorporadas) y Ley 445 establece claramente que en las comunidades indígenas estos documentos no tienen validez. El único documento real con validez es el título de propiedad que pertenece a las comunidades. No así de manera particular”, explicó Rubén, un líder indígena que habló bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.
Título otorgado al Territorio Mayangna Sauni As
Este equipo de investigación recopiló durante dos años decenas de testimonios y escrituras avaladas por notarios públicos que comprueban el despojo ilegal ejecutado por colonos invasores en el Caribe de Nicaragua. Esta sistematización permitió la construcción de una base de datos que revela no solo los nombres de los abogados que se prestan a elaborar documentos fraudulentos e ilegítimos para permitir las transacciones de la propiedad comunal titulada, sino detalles sobre la prorrogación de sus licencias de parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pese a haber sido sancionados en el pasado por estos ilícitos.
Estas transacciones de compraventa ilegal de tierras comunales en el Caribe de Nicaragua profundizan los problemas que los indígenas han soportado históricamente en esta zona del país, tales como el abandono gubernamental y la emergencia alimenticia. Ahora, son obligados a desplazarse de sus territorios hacia otro punto dentro o fuera del país. Todo ocurre a merced de una estructura gubernamental que avala el tráfico de tierras y desestima cualquier investigación en busca de un resquicio de justicia. Desde hace varios años diversos medios de comunicación y organizaciones vienen documentando esta tragedia.
El origen: de la invasión a la ilegalidad de la compraventa
“Luego de la colonización española e inglesa, nosotros fuimos atacados de diversas maneras en todo el territorio nacional, quedando dispersos en diferentes pueblos indígenas, tanto en el Pacífico, Atlántico (Caribe), centro y norte del país. Fuimos minimizados a tal punto que lo único que nos dejaron fueron los territorios, las comunidades”, señaló Rubén.
El líder comunitario explicó que el poco respeto y reconocimiento que han alcanzado durante todo este tiempo ha sido gracias a los instrumentos internacionales suscritos por los gobiernos de turno, algunos a regañadientes. Son estos acuerdos los que han visibilizado el respeto de sus raíces y cultura, y la importancia de entender que los pueblos indígenas existen desde antes que se conformara el Estado mismo. No obstante, los instrumentos internacionales tampoco han servido de poco para la defensa de sus derechos.
En Nicaragua, la primera piedra de la “desgracia” ocurrió después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. En aquellos años, el Gobierno entregó a excombatientes que ayudaron a derrocar al
dictador Anastasio Somoza, títulos de propiedad en territorios ancestrales en la Costa Caribe.
“Los comandantes prometieron tierras a todos los que lucharon en nombre de la revolución. Pero lo que no dijeron es que esas tierras iban a ser las nuestras. Aquí vinieron muchos colonos que se adueñaron de nuestro territorio. Después, por esa misma llegada de mestizos, entraron invasores y las tomaron a la fuerza”, diceGeorge, un afrodescendiente con ochenta años de vivir en una comunidad ubicada en el Caribe Norte del país y una autoridad para referirse a estos temas.
George explica que los líderes comunitarios no fueron tomados en cuenta por el Gobierno sandinista cuando hicieron la promesa de entrega de tierras a excombatientes. Tampoco sus denuncias fueron escuchadas cuando alertaron sobre la incursión violenta de colonos.
La ocupación de colonos se “legalizó” con la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno Popular Sandinista en 1980, y continuó en 1990 con la administración de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, durante el proceso de desmovilización de armas.
Durante la administración de los gobiernos liberales en Nicaragua (1990 – 2006) el abandono y saqueo continuó ocurriendo, pero a un ritmo lento. El 31 de agosto de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante su sentencia en el caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua, obligó al Estado a adoptar un marco legal que estableciera la demarcación, delimitación y titulación de las tierras comunales.
En 2003, el parlamento nicaragüense aprobó la Ley 445 de Régimen de Propiedad Comunal, pero fue hasta en 2007 que las comunidades indígenas, por mandato de la Ley 445 y con el apoyo financiero y
técnico del Proyecto Prodep (financiado por el Banco Mundial), lograron que el Gobierno sandinista iniciara la delimitación y titulación de los 23 territorios indígenas de la Costa Caribe Norte.
Acuerdo de San José
“Fue un avance porque esto se había reclamado desde muchos años antes. El paso lo dio el Gobierno porque detrás estaba una gran institución financiera que aseguraba dinero para ellos. Aquí pensamos que todo iba a mejorar, pero no fue así. Ocultaron su cara con una máscara. Luego vino peor”, afirma George.
Tres años después de que se empezará el proceso de titulación, la situación en el Caribe cambió otundamente. Por un lado, la propaganda gubernamental hacía referencia a la protección de las raíces
ancestrales, pero en los territorios empezaba una invasión sin precedentes y un incremento de la violencia.
George y Rubén afirman que el Gobierno sandinista empezó a manipular el proceso de titulación, anulando el concepto de administración autónoma y forzando la inclusión de la cohabitación pacífica entrecomunitarios y mestizos invasores, todo esto promovido de facto por operadores políticos de la región.
A partir de 2010, el desplazamiento forzado interno se empezó a profundizar precisamente por la invasión masiva de los colonos en territorios indígenas. Los mestizos entraron en áreas vírgenes y se
asentaron con ganado en zonas protegidas. Frente a esa segunda gran incursión de extraños, que llegaban armados, los comunitarios elevaron su voz.
Con la invasión, la violencia aumentó. Igual que el interés de empresas mineras que comenzaron a solicitar concesiones al régimen sandinista en diversas partes de la Costa Caribe. Precisamente el
informe Nicaragua: Una Revolución Fallida del Oakland Institute, un centro de estudio especializado de Estados Unidos coincide con el relato de George y concluye que sin un proceso de saneamiento, los títulos siguen siendo sólo promesas vacías a las tierras tradicionales que Nicaragua debe garantizar a sus pueblos indígenas y afrodescendientes.
Los líderes indígenas entrevistados para este reportaje expresaron que el beneplácito del Gobierno Ortega Murillo también impulsó la extracción de madera, como el caso de Alba Forestal y la minería artesanal en áreas protegidas. Mientras que las investigaciones de medios de comunicación independientes y los informes de organizaciones de derechos humanos que se han publicado durante los últimos diez años han expuesto no solo la inoperancia gubernamental frente a este problema, sino la forma de operar de los colonos para invadir los territorios indígenas.
“Al inicio funcionaba así: primero se metían grupos armados a la fuerza. A estos les hacían préstamos para que con todos los fierros se tomarán las tierras. En algunas ocasiones manipulaban a los líderes, a los políticos, pagando sumas importantes de dinero. Mientras ellos invadían, los comunitarios pedían que se retiraran. Pero como no se iban, entonces se generaron los primeros enfrentamientos”, expuso el líder indígena.
El conflicto continuó y fue desigual. Mientras los comunitarios resistían y se negaban a salir de sus territorios, los armados los expulsaban por la fuerza. El resultado final fueron decenas de indígenas asesinados con saña y el desplazamiento de familias en busca de refugio en otras comunidades.
“El Gobierno se hizo el ciego porque también se interesó en los territorios. Aquí hay recursos maderables, mineros… En los últimos años también se ha descubierto un banco importante de malaquita, que los chinos utilizan para fabricar bombas. Detrás de la invasión está un aparato estatal gigantesco”, afirmó Rubén.
El caso de Josefina resume los problemas que muchos comunitarios enfrentan en la actualidad. A esta mujer no solo le arrebataron su territorio, sino que los colonos también asesinaron a su esposo. Él era quien se resistía a dejar que se tomaran las tierras de sus ancestros. Viuda, y con nueve hijos a su cargo, la mujer de 45 años tuvo que aislarse en una pequeña parcela, a lo lejos, desde donde sufre cuando despalan los árboles que con tanto esfuerzo cuidaron sus antepasados.
La violencia generada por la invasión de colonos fue imposible de ocultar para el régimen sandinista. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, señaló en su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que entre 2018 y 2024, fueron asesinados al menos 46 personas indígenas (42 hombres y 2 mujeres) de los territorios miskitus y mayangnas, mientras que otras 35 personas resultaron heridas (32 hombres y 3 mujeres). En dicho informe se concluye que el régimen sandinista “se está sirviendo de los colonos para reconfigurar, hacerse con el control y explotar las tierras comunales, mientras que las autoridades del Estado no sólo no han aplicado medidas de prevención eficaces para proteger la vida y la integridad personal de los miembros de las comunidades indígenas y afrodescendientes, sino que tampoco han llevado a cabo investigaciones prontas, imparciales y efectivas”.
En dicho informe se concluye que el régimen sandinista“se está sirviendo de los colonos para reconfigurar, hacerse con el control y explotar las tierras comunales, mientras que las autoridades del Estado no sólo no han aplicado medidas de prevención eficaces para proteger la vida y la integridad personal de los miembros de las comunidades indígenas y afrodescendientes, sino que tampoco han llevado a cabo investigaciones prontas, imparciales y efectivas”.
La matanza de los comunitarios a manos de colonos provocó que el régimen sandinista generara en 2019 un mecanismo ilegal, utilizado por los colonos sin el consentimiento del Gobierno, para minimizar la
resistencia de los comunitarios y que estos entregaran sus propiedades sin mediar palabras.
El mecanismo no es más que la utilización de escrituras ilegales que durante 2012 y 2018 algunos invasores usaron para justificar la toma de tierras. De hecho, en la página web de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) existe un registro de una investigación que este Poder del Estado impulsó en contra de 16 notarios públicos sancionados por emitir títulos de propiedad y otros instrumentos públicos que
afectaron los derechos de las comunidades indígenas de la Reserva de Biosfera Bosawas.
“Lo que se planteó en aquel momento fue que con papeles en mano, los indígenas no iban a poder reclamar o resistirse, y como iban a estar avalados por las autoridades comunales, entonces la matanza iba a detenerse, no así el robo de tierras”, explicó una fuente de la CSJ que habló con este equipo de investigación bajo condición de anonimato.
“La estrategia fracasó porque era ilegal. Los invasores no son doctores de cuello blanco que hacen negocios. Son matones que cumplen con lo que les ordenan, que es tomar tierras para después venderlas, talarlas o desarrollar actividades mineras. El Gobierno se dio cuenta de eso y en 2020 quiso frenarlo, pero fue un intento que quedó en papel”, explicó la fuente del CSJ.
En marzo de 2020, previo a la pandemia, la CSJ emitió una circular alertando a los notarios públicos para que tuvieran cuidado de no autorizar instrumentos públicos que involucren propiedades
comunales. Sin embargo, el problema continúa hasta la actualidad.
Notarios mercenarios: así funciona la compraventa de territorios ancestrales
Rubén ha trabajado para el Gobierno indígena de su territorio durante más de veinte años. Por seguridad no revelaremos su ubicación. Todo este tiempo sirviendo a su pueblo le ha permitido entender cómo es
que funciona la compraventa de territorios ancestrales, sino también, comprender que detrás de los actos ilícitos, no solo están involucrados abogados y notarios públicos, sino políticos del régimen
sandinista que pretenden adueñarse de extensiones de bosques para la explotación forestal o minera.
“Cuando empecé, pude notar que había algún tipo de atención del Gobierno en acompañar el proceso de saneamiento y frenar la invasión. Pero luego, ese apoyo desapareció y el fenómeno avanzó a tal
punto que entendimos que los colonos armados entraban porque se les antojaba o necesitaban donde vivir”, explicó Rubén.
No obstante, a partir de 2019 los líderes de su comunidad se enteraron que en la invasión no solo había motivos de necesidad, sino todo un entramado que involucra a abogados que se prestan a otorgar
escrituras públicas con derechos de propiedad en terrenos comunales, a pesar de ser ilegales. Todo esto profundizó la violencia en la zona.
El líder indígena recordó que entre 2012 y 2018, varias comunidades denunciaron casos puntuales de colonos que ingresaron al territorio con cartas de compraventa. Gracias al trabajo que realizó la comunidad y una organización no gubernamental que les apoyó en asistencia legal de IBIS Dinamarca, se realizó un diagnóstico que les ayudó a comprender que los colonos a partir de 2019 estaban protegidos en su mayoría por personalidades políticas y con respaldo de abogados.
“Recopilamos documentos, escrituras públicas hechas por abogados, videos, fotos, avales que los colonos llevaban a las alcaldías para registrar ilegalmente su propiedad. En este sentido, el papel de los abogados ha sido clave a merced de los políticos y autoridades comunales, a sabiendas que ellos tenían que prohibir esta irregularidad, pero no la prohibieron, más bien permitieron que los abogados se acoplaran a este negocio”, expresó.
Una fuente vinculada al Gobierno Regional del Caribe Norte que habló con con nosotros bajo condición de anonimato, explicó que si bien la incidencia jurídica a través de abogados que se prestan al juego de extender títulos escrituras ilegales ha provocado más violencia, el hecho de que el Gobierno sandinista tenga el total control de las autoridades regionales y comunales del Caribe, tiene en mayor indefensión a los indígenas.
“Para bypasear esta figura legal, lo que hemos visto es que el Gobierno Central, primero, a través de los consejos regionales, eligen autoridades comunales del mismo partido (Frente Sandinista). Una vez electo, los certifican y utilizan esta figura de poder comunal para presentar ternas en las que realizan cambios de tenencia de tierras. Hay una figura en la Ley 445 que dice que las comunidades podrán poner en arriendo sus tierras a terceros si no quieren abandonar el área. Si un tercero no tiene derecho sobre una propiedad privada o si no hay un cánon de arriendo, entonces, la tenencia es ilegal”, explicó la fuente.
Lo que ocurre es que las autoridades comunales afines al Gobierno, introducen la figura de arriendo privado y la validan como un documento legal sin el consentimiento de las asambleas comunales, lo
que está prohibido por la ley.
“Las autoridades comunales introducen la figura de arriendo y luego, ese arriendo pasa a ser un documento legal para hacer una transacción. Eso lo estamos viendo en comunidades como la
Desembocadura del río Grande, de la Costa Caribe Sur, especialmente en Karawala, donde incluso la juez local, ella misma, ha hecho testimonios de arriendo de áreas comunales. Entonces, todo eso
llega a socavar la legalidad en la tenencia de la tierra”, continuó la fuente.
A raíz de las denuncias de los comunitarios, el equipo de invesitigación trabajó en la recopilación de información y pruebas que permitieron el desarrollo de una base de datos que expone quiénes son los abogados que han participado en estos ilícitos, así como la estructura detrás de la compraventa de territorios indígenas.
Una de las abogadas que ha dedicado más de diez años a este ilícito es Dominga Erminia Mendoza Paiz, originaria de Rosita, quien en 2019 expidió siete escrituras para validar la invasión de colonos en
la comunidad del cerro Bararas, río Wasano, Bonanza.
Dicha abogada tiene un historial delictivo bastante largo. En 2004 fue destituida del cargo de la jueza del Juzgado Local Único de Quezalguaque por estar involucrada en la adopción ilegal
de niños; en 2009 el juez de Audiencia del juzgado de Distrito Penal de Siuna, Pedro Pablo Suarez Martinez, resolvió suspenderla de sus funciones por el delito de encubridora en la comisión de un
homicidio en la comarca San José de Kukalaya, municipio de Rosita.
En 2020, fue suspendida de sus funciones nuevamente según informó el secretario de la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, la abogada sigue activa y con licencia para cartular hasta el año
2027.
La base construida a partir de escrituras ilegales entregadas por comunitarios afectados, revela que el ilícito, si bien se empezó a ejecutar desde 2012 por algunos colonos y abogados, fue en 2019,
después de que el régimen ordenara utilizar ilegalmente estos documentos, que hubo un incremento de denuncias de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Solo en 2019, el equipo de investigación verificó que los colonos y los abogados registraron 24 inscripciones de escrituras ilegales, afectando los territorios indígenas y afrodescendientes de Awas Tingni,
Sauni Bu, Tuahka, Wangki Li Aubra, Wangki Twi, Sauni Arungka, Awaltara y Sauni As, ubicados en el Caribe Norte de Nicaragua; sin embargo, esta situación es un patrón que impacta en todos los
territorios titulados.
En una denuncia realizada por Fundación del Río en 2019, se presentó una escritura pública elaborada por el abogado y notario Alexis José Cano Garcia originario del Tortuguero, donde hace el traspaso a un
invasor, de 176 manzanas dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz y dentro del Territorio Rama y Kriol, en el Caribe Sur. Precisamente el
informe de la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN) publicado
en 2021, describe como la inalienabilidad de la tierra indígena y afrodescendientes es de los derechos más claros, pero menos respetados en el país.
La mayoría de los abogados, de la base de datos recopilada por son originarios de Rosita (10), pero también hay de Managua (3), Boaco, Siuna (3) y hasta de Mateare (1) y León (1). Otro elemento importante que pudimos descubrir
es que al menos dos de los abogados fueron sancionados en 2013 en la CSJ por este mismo ilícito. Sin embargo, al año siguiente se les renovó su permiso de operación en el país y continuaron elaborando
escrituras ilegales.
Llamamos a más de una docena de esta red de abogados implicados en estos delitos, para obtener su testimonio. Algunos de ellos no contestaron, otros al identificarse la persona periodista colgaban rápidamente.
La única abogada y notaria que decidió hablar fue Martha Verónica López Escorcia, originaria de Rosita, con carné de la CSJ-3179.
Según López Escorcia su servicio de notario para elaborar sesiones de derechos no incurre en la ilegalidad, porque antes de hacer dicho documento “legal”, se “cerciora” que exista un aval firmado por
las autoridades comunales: síndico, secretario y juez.
“Sin ese aval nadie puede trabajar aquí. No es una escritura de traspaso, es una sesión de derecho de conformidad a un aval que trae el síndico firmado por las tres autoridades comunales. Incluso
para proceder el síndico debe estar presente”, afirmó López Escorcia.
Sin embargo, dos abogados consultados para esta investigación que pidieron no ser identificados por motivos de seguridad, explicaron que los documentos de compraventa, cesión de derecho, de
desmembración y usufructos en estos territorios son “nulos y más bien es una forma de estafa a los propios colonos”.
También señalaron que las escrituras de cesión y compraventa de derechos posesorios aún cuando tienen la fé pública del notario autorizante, no constituyen legalidad a quienes la poseen, porque están
constituidas en contravención a las leyes propias de las comunidades indígenas.
“Los abogados que autorizan estas escrituras pueden ser recurridos de queja ante la Inspectoría Judicial… lo que pasa es que muchos de ellos son operadores políticos o afines al sistema”, afirmó uno de los expertos.
Según los abogados consultados, los notarios que realizan estas escrituras podrían caer en diversos delitos como estafa, estelionato, ser cómplice de usurpación de dominio público o comunal, actos que
están debidamente tipificados en los artículos 229, 233 y 241 del Código Penal. Además, según la Ley del Notariado y sus reformas, los notarios también podrían ser multados, sancionados por dos
años y si hay reincidencia, quedar suspendidos de forma permanente de poder cartular.
“No nos olvidemos de la responsabilidad de las autoridades comunales, porque ellos reciben instrucciones políticas del régimen sandinista. Ellos tienen la instrucción de que pueden deshacerse de
la propiedad de cualquier manera, ya sea por arriendo, ya sea por áreas que deberían estar saneadas, porque hay unas áreas que le han robado a personas que tienen título de vieja data y que tienen
que ser respetadas”, señaló la fuente vinculada al Gobierno Regional.
La fuente recordó lo dicho por Steadman Fagot, asesor presidencial para políticas hacia pueblos originarios, de que detrás de las invasiones no solo había beneplácito del régimen sandinista, sino una complicidad para arrasar con el bosque de las
comunidades indígenas.
Fagoth, quien actualmente está detenido por el régimen Ortega-Murillo, denunció en septiembre del año 2024 en una radio local, la complicidad de la Policía y el Ejército con los invasores acusados de
asesinatos y desapariciones forzadas, violaciones sexuales, robo, acoso y expulsión de comunitarios indígenas y afrodescendientes del Caribe Norte y Sur del país.
El exasesor presidencial señaló que las tierras indígenas están devastadas y algunos territorios desertizados por la llegada de colonos que aprovechando el apoyo de las autoridades nacionales,
destruyen los bosques y las áreas protegidas.
“Fagot también denunció el modus operandi de los colonos, que es lo que ya hemos expuesto con pruebas: la figura de la autoridad comunal en una transacción de arriendo que luego pasa a ser prácticamente como una especie de documento legal
para la compraventa”, señaló la fuente.
La conexión política con los colonos invasores
La orden de utilizar, en 2019, el mecanismo de escrituras ilegales para forzar el desplazamiento de las comunidades indígenas de su territorio es apenas la punta del iceberg. Esto expone cómo el
régimen sandinista permite y participa en un ilícito que genera violencia y muerte en el Caribe de Nicaragua.
A través de testimonios y evidencias aportadas por líderes de los pueblos, el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), publicó en 2024 una investigación inédita que revela cómo el régimen
Ortega-Murillo ha implementado una política de colonización interna sobre las Regiones Autónomas, instrumentalizando a funcionarios de instituciones nacionales, regionales y municipales; así como a
miembros de los Gobiernos Territoriales Indígenas (GTI) cooptados e impuestos por operadores políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Según lo establecido por el informe y corroborado por el equipo de investigación, uno de los actores que protegen a los colonos invasores es el Ejército de Nicaragua. Los comunitarios y autoridades indígenas entrevistadas señalaron que el Batallón Ecológico, con presencia desde
hace más de una década en la zona, no actúa para desarticular bandas de invasores ubicadas en Musawás, territorio Mayangna Sauni As.
“Los mismos miembros de agrupaciones delincuenciales han expresado públicamente que pagan a la Policía y al Ejército para que ‘no los molesten’. En contraste, las comunidades indígenas se quejan
de que operativos conjuntos del Ejército y la Policía penetran en sus viviendas, les revisan sus teléfonos celulares y les han quitado sus armas de caza, aun cuando tenían permisos de portación”, expone el informe.
En un mapeo realizado durante el mes de marzo de 2024 por miembros del Consejo Regional y la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (Conadeti), y entregado al GTI, el Ejército detalló haber
encontrado 2354 viviendas de colonos en la zona. Un número que las autoridades indígenas consideraron exagerado, y que en realidad los militares lo reportaron para hacerlos perder la esperanza y
creyeran que el bosque ya estaba completamente invadido.
“Se hizo un recorrido conjunto posterior, y efectivamente el número de viviendas encontradas fue cinco veces menor que lo asegurado por las autoridades gubernamentales. Pero, independiente del
número de viviendas de colonos encontradas, ese mapa evidencia que el Ejército de Nicaragua está enterado no solo de la presencia de los colonos, sino que de su ubicación exacta”, revela el informe de Calpi.
Una fuente vinculada al Consejo Regional entrevistada por DIVERGENTES corroboró lo publicado en el informe. No desestimó el dato del número de viviendas publicado por el Ejército, pero afirmó que el
cuerpo castrense sí tiene identificado cada una de las viviendas que ocupan los colonos, pero no los retiran de la zona por órdenes superiores.
La investigación de Calpi señala que la Policía Nacional, a través de los jefes departamentales, es otro actor que incide en las invasiones a territorios indígenas. Según los testimonios y las pruebas
recogidas para el informe, las autoridades policiales se reúnen con los colonos y sus agrupaciones delincuenciales para asesorarlos al momento de entrar al bosque.
“Según declaraciones de los mismos colonos, el jefe de Policía del Triángulo Minero Óscar José Alemán Márquez y su segundo al mando, el capitán Hugo Blandón Talavera, les indicaron que debían
entrar por las noches a la reserva para así no ser detenidos. De la misma manera, otros colonos que después de ser impedidos entrar por las autoridades indígenas, regresaron usando transporte
público colectivo para pasar desapercibidos, declararon que lo hicieron de esta manera por asesoría del capitán Hugo Blandón Talavera”, dice el informe.
En julio del año 2022, Fundación del Río denunció como Elida María Galeano Cornejo, diputada del Parlamento Centroamericano por parte del Frente Sandinista, enviaba una carta al comisionado Alemán
para que le diera “su valioso apoyo” en el caso de un colono de nombre José Alejandro Reyes Martínez. Estos hechos refuerzan lo señalado por Calpi y los liderazgos indígenas y afrodescendientes sobre
cómo funcionan las conexiones y el tráfico de influencias entre colonos y la Policía Nacional.
Los testimonios recogidos por Calpi detallan que Blandón Talavera tiene órdenes de no judicializar a los colonos denunciados por invadir el territorio indígena. De hecho, el informe hace referencia a
la entrega de invasores que hicieron las autoridades indígenas a la Policía en 2023.
Sobre este caso, las autoridades indígenas detallaron que en el sistema judicial nunca apareció ninguna acción penal en contra de los invasores que fueron entregados a la Policía. La inacción,
exponen, es otra de las frustraciones que tienen que padecer frente a la violencia en los territorios.
El equipo de Investigación tuvo acceso a una denuncia que enviaron las autoridades del territorio mayangna Sauni As al primer comisionado de la Policía Nacional, Francisco Javier Diaz Madriz en 2024, donde precisamente se menciona la actuación del capitán Hugo Blandón Talavera, referida a la liberación de reos detenidos por tráfico de tierra comunal y la falta de investigación de los delitos cometidos por estos
colonos.
Denuncia de autoridades indígenas.
Respecto a la complicidad que denuncian las autoridades indígenas de parte de la Policía Nacional, consultamos a tres fuentes de la institución para cuestionar el trabajo que hacen los agentes en la zona. Dos de los entrevistados respondieron que las órdenes de los oficiales son dictadas “desde
arriba”, y que solo son transmitidas a los mandos departamentales con la orientación de que se cumplan sin objeciones.
“Detrás de las órdenes existen intereses que protegen a otras personas que tienen más poder. Lo que ocurre en esta parte del país, lo que denuncian, es lo que es. Es decir, detrás de toda la
denuncia existe una sombrilla que cubre a uno y a otros, pero dependiendo del actor. Es lo único que puedo decirte”, señaló la tercera fuente consultada por este medio de comunicación.
Los líderes indígenas señalan en el informe de Calpi que funcionarios públicos de las estructuras regionales y municipales como Carlos Alemán Cunningham, actual Coordinador Regional de la RACCN; Alexander
Alvarado Lam, exalcalde de Bonanza; Noel Omar Medina, secretario del FSLN en Bonanza; Elvin Luquez Urbina, concejal regional, y Rolando Devis Jacobo, miembro del GTI impuesto por el FSLN; así como Hermes
Devis Taylor, funcionario de la Universidad URACCAN; el comisionado mayor de la Policía Nacional Óscar José Alemán Márquez y su segundo al mando, el capitán de la Policía y Delegado del municipio de
Bonanza, Hugo Blandón Talavera, están involucrados en la invasión de colonos, el tráfico de tierras y en la organización y protección de las agrupaciones delincuenciales.
Llamamos a los señalados para conocer su versión respecto a estas acusaciones. Ninguno atendió el teléfono. Algunos de estos políticos han sido expuestos en otras investigaciones periodísticas como
Carlos Alemán Cunningham, quien según un reportaje del portal de noticias Confidencial publicado en 2016, aparece en una serie de avales y escrituras por medio de las que benefician a terceros con tierras indígenas.
Este medio de comunicación tiene en su poder una inspección realizada por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) en agosto de 2023, en el que señalan a José Vicente Pérez Luquez,
primo del concejal regional del Frente Sandinista, Elvin Luquez, de extraer y talar de forma ilícita en un área del cerro Cola Blanca, un reserva nacional ubicada en Bonanza, en territorio indígena
del Caribe Norte.
Según la inspección del Marena, el primo de Luquez fue denunciado por otros comunitarios de comandar el escuadrón de taladores en la reserva nacional y caminar por el cerro como si fuese su finca. A
pesar de que en el documento se tomó en cuenta el testimonio de los vecinos y su vínculo con el concejal regional, dos líneas después, fue desestimada la denuncia por no tener “evidencia contundente”,
a pesar de que en la comunidad de Pijibaye – Biltignia, ubicada en Bonanza, todos conocen de la relación entre el político y su familiar.
El informe de la inspección del Marena también recopila la escritura pública número 463, elaborada por el abogado y notario Marvin Feliciano Lagos Rojas a favor de Juana Teófila Pérez Luquez, familiar del concejal. Dicho documento describe una propiedad de 50 manzanas dentro de la Reserva Natural Cerro Cola Blanca y dentro del territorio mayangna Sauni Arungka, lo cual es totalmente nulo e
ilegal.
“Todos son cómplices porque obedecen a la política del Estado de una colonización y, además de eso, a destruir todo el proceso de autonomía de la demarcación territorial. El Estado pretende, de alguna manera, que esos derechos de los pueblos que están dentro de la Ley 445 puedan ser desmantelados, de esa forma, la consulta libre e informada de todo lo que sucede y las decisiones que se puedan tomar dentro de la comunidad, no tengan un valor y no se interpongan en sus intereses”, explicó la fuente del Gobierno Regional entrevistada por este medio de comunicación.
Un panorama desalentador: más violencia y menos justicia
La primera campanada sonó a las ocho de la mañana: ese fue el anuncio de los dos primeros muertos. Luego, a las diez, sonó una vez más; y después, a mediodía de nuevo, y en la tarde por última ocasión. Así de preciso lo recuerda Gonzalo, un líder comunitario de Wilú, territorio mayangna Sauni As, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Cada campanada significó para él una “estocada en las emociones”. “Una pesadilla. Bin, bin, bin, bin, bin… un dolor inmenso, indescriptible”, relata con la voz entrecortada.
Las últimas campanadas doblaron a las tres de la tarde, anunciando el funeral de uno de los cinco comunitarios asesinados el 11 de marzo de 2023 en la comunidad de Wilú. Todos los que acompañaron el
féretro hasta el camposanto tenían el semblante desencajado.
Gonzalo recuerda la masacre y el entierro de “sus hermanos” como “una película apocalíptica”. “Los colonos venían bajando”, dice Hugo, otro testigo de la tragedia. Según este comunitario, los invasores asesinaron a uno de los indígenas cerca de su parcela ubicada a cuarenta minutos de la comunidad de Wilú. “Ahí, encontraron nuestros hermanos su cuerpo”, explicó.
La masacre del 11 de marzo, explican estos comunitarios, fue una acción planificada que pudo evitarse si el Ejército o la Policía hubiera garantizado la seguridad en la zona y la expulsión de los invasores de esas tierras. Aquí los conflictos se han recrudecido, a pesar de las constantes denuncias que han realizado a las autoridades del régimen sandinista.
Después de matar al primero, los colonos atacaron a cuatro miembros de una familia indígena que vivían en una parcela ubicada en Wilú. Según Hugo, las víctimas salieron de Musawás el sábado a las cuatro de la madrugada y llegaron a la comunidad a eso de las diez de la mañana. “Iban a cruzar el río y ahí se toparon con los invasores”, relató el testigo.
Según Gonzalo, los varones de las comunidades generalmente salen de sus casas los sábados para cazar, pescar y recolectar frutos. Su objetivo, además de llevar la comida a sus familias, es regresar por la noche y
descansar el domingo.
En la propia esquina del río, cuando iban subiendo —los cuatro comunitarios
—los colonos empezaron a rafaguearlos.
“Primero, bajaron (mataron) a uno. Los demás se tiraron al río. Los colonos los venían rafagueando y lograron herir de gravedad a otro. Los otros dos lograron escapar aunque también fueron
heridos”, afirmó el líder comunitario.
Las dos que escaparon caminaron hasta Musawás para advertir a los demás comunitarios del ataque. Al recibir la información, estos organizaron un grupo de búsqueda hasta Wilú. Llegaron a eso de las tres de la tarde y lograron extraer el primer cadáver. El segundo, que había sido herido en el río, falleció camino a Musawás.
“Los dos que llegaron a Musawás fueron trasladados hasta Bonanza para ser atendidos. Afortunadamente sobrevivieron”, relató Hugo. Otros dos comunitarios, que no pertenecían a esta familia, también fueron asesinados durante el ataque. Sus cuerpos los encontraron por la tarde.
Uno de los asesinados era hermano de Alfonsino, un comunitario de 45 años que ha vivido en carne propia no solo el desplazamiento, sino la saña con la que los colonos invasores llegaron a expulsarlos de sus tierras. El indígena recuerda que el
día que mataron a su familiar los emboscaron.
“Nosotros veníamos sin darnos cuenta de eso pero al rato salieron unos disparos, y como nosotros no tenemos nada en nuestras manos, salimos corriendo. Y lastimosamente, balearon a mi hermano y
entonces se quedó” cuenta con pesadez.
Alfonsino desconoce si la persona que supuestamente capturó la Policía y que fue responsable del asesinato de su hermano está realmente pagando una condena. La justicia nunca fue clara y contrario a obtener protección después del atentado, vio como más de sesenta hombres armados ingresaron a su territorio.
“La reserva ahora es una cuna de los delincuentes y eso no puede continuar así. El Gobierno tiene que proteger estas áreas. Pero no ocurre. Nosotros estamos aguantando hambre, situaciones difíciles, mientras el Gobierno está bien fresco, tomando sus deleites, y nosotros sufriendo”, reiteró el comunitario.
El futuro de las comunidades indígenas y sus habitantes es sombrío. Aunque los indígenas están cansados de tanta violencia, no pueden defenderse, no tienen los medios y los que han intentado resistir, desafortunadamente han sido asesinados.
La fuente del Gobierno Regional que habló con nosotros y señaló que pareciera que la intención del Estado es eliminar toda forma de expresión comunitaria que pueda alegar derechos de áreas en el
Caribe.
“Desde que empezó el proceso de demarcación y la autonomía, el Estado no ha demostrado voluntad política. Lo están tratando de hacer es minimizar cualquier tipo de expresión comunitaria que pueda demandar derechos. Ahora, pretenden imponer gobiernos comunales paralelos que se inclinen al contexto político, que vendan su tierra, que den concesiones, que no les interese la consulta y que, además de eso, simplemente se vuelvan ciudadanos que no puedan valerse por ellos mismos y, por lo tanto, parásitos sociales”, denunció.
Los comunitarios también denuncian la persecución en contra de los suyos. En lugar de desarmar a los colonos, las autoridades encarcelan a guardaparques que resguardaban la reserva precisamente de los invasores.
La organización ambientalista Fundación del Río y líderes comunitarios, han exigido la liberación inmediata de ocho guardabosques mayangnas privados de libertad señalados por las autoridades de supuestamente ser los perpetradores de la masacre en Kiwakumbaih, ocurrida el 23 de agosto de 2021 en el territorio indígena mayangna Sauni As en el municipio de Bonanza, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).
En la masacre, que de acuerdo a reportes de líderes comunales y organizaciones civiles fue cometida por al menos 40 colonos, 11 indígenas mayangnas y miskitas fueron asesinadas, y varias sobrevivientes torturadas y abusadas sexualmente.
Pese a que las comunidades señalaron que quienes cometieron la masacre eran personas no indígenas, sino colonos, la Policía Nacional detuvo en ese año a los guardabosques mayangnas, Argüello e Ignacio Celso Lino y Donald Andrés Bruno Arcángel. Y en agosto de 2023, detuvo a Rodrigo Bruno Arcángel, Evertz Antonio Bruno Palacios, Olvier Bruno Palacios, Tony Alberto Bruno Smith y Dionisio Robins.
La detención de los guardabosques es una forma de represalia por denunciar la invasión de colonos que roban los territorios de las comunidades indígenas, ya que eran reconocidos por defender dichos suelos, denunció Fundación del Río.
El impacto de la invasión de los territorios indígenas no solo se vive dentro del país. Brenda, una comunitaria que tuvo que salir de Nicaragua, indicó que el desplazamiento forzado es un resultado de múltiples ilegalidades. Sin embargo, las secuelas trascienden fronteras.
“No solo nos obliga a salir de nuestros territorios y del país, sino también suman nuevas violencias como la xenofobia, la discriminación, el racismo y la exclusión en un país ajeno al nuestro, donde ha impactado fuertemente y todavía quedan las secuelas de la herencia colonial”, afirma Brenda.
La comunitaria originaria de Polo Paiwas, ubicado en el Caribe Norte de Nicaragua, expresó que la invasión de colonos, si bien es cierto trae consigo violencias garrafales y físicas, también arrastra otra tragedia.
“Es un ataque a nuestra ancestralidad, nuestra herencia cultural. Es un panorama doloroso. Es una impotencia tan grande por el silencio y la complicidad estatal que ha generado desplazamientos forzados masivos, tanto dentro de los territorios, dentro del país; pero también fuera del país, a lugares como Honduras, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, donde hay fuerte afluencia de poblaciones indígenas nicaragüenses producto de la invasión, pero también por alzar la voz ”, lamentó Brenda.
