Nueve empresas, todas ligadas a exmilitares y expolicías, operan como un cártel prestando servicios de seguridad y vigilancia al Estado de Nicaragua.¿Quiénes son? ¿Cómo han ido escalando?
Los exmilitares y expolicías nicaragüenses de alto rango están pasando a retiro cobijados por empresas de seguridad que prestan servicios directos al Estado de Nicaragua a través de una red nacional de “tráfico de influencias”, que les permite contratos millonarios brindando seguridad y vigilancia privada.
Quienes están detrás de estas empresas son testaferros de la familia presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero, el grupo se extendió y aparece Francisco Javier Bautista Lara, exsubdirector de la Policía Nacional —junto a varios excomisionados— que ganaron contratos públicos cuando él fue embajador ante el Vaticano, violando la legislación nicaragüense. Así como ellos, figuran exmilitares que ocuparon altos cargos de dirección y ahora son socios de esos negocios.
Esta investigación de Nicaragua Investiga y Artículo 66 encontró 55 contratos en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae) —sitio web donde se realizan los procesos de adquisiciones públicas— en la que están involucradas 25 instituciones del Estado que solicitaron los servicios de seguridad y vigilancia privada.
En los contratos en poder de este equipo aparecen empresas como: Servicio de Protección y Vigilancia S.A. (Serprosa), El Vigilante S.A., Servicio de Vigilancia y Protección S.A. (Servipro), Ultra de Nicaragua S.A. (Ultranic).
Expolicías de mala reputación en Nicaragua
Las otras sociedades que reciben contratos, pero en menor monto son: Corporación de Seguridad Internacional S.A (CSI), dirigida por el excomisionado mayor y exjefe de la Policía de Managua, Carlos Germán Bendaña Sequeira, que demostró el alto grado de descomposición y corrupción policial al estar involucrado en el asesinato del empresario Jerónimo Polanco, propietario de dos clubes de nudismo.
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Sistemas Profesionales de Seguridad S.A (SPS), encabezada por el exdiputado liberal Samuel Kontorovsky Artola; la empresa Protección, Vigilancia e Investigaciones S.A (Provinsa), de Juan Santiago Estrada García, un ex contralmirante en retiro y ahora secretario general del Comité Olímpico Nicaragüense; ByTeam Nicaragua S.A, de René José Román Reyes, quien fue suplente de la Cámara de Comercio de Nicaragua y otra persona jurídica en la que aparece Rodolfo Antonio Sequeira Donaire.
Desde 2018 a la fecha, sin tomar en cuenta lo que resta de 2023, las sociedades recibieron US$19.627.346,09.
Ver contratos de las empresas aquí
Un experto en temas tributarios que pidió el anonimato por su seguridad dijo que es una, “corrupción vinculada al tráfico de influencias para beneficiar a ciertos proveedores”. Y añadió: “Para mí es un cártel el que está operando aquí”.
La empresa más “bendecida” la de Ortega-Murillo
Serprosa, vinculada con la familia Ortega-Murillo, recibió 17 licitaciones que sumaron US$8.715.077,60. Esta empresa, que además opera con la marca comercial El Gladiador, fue creada por supuestos empleados de El Goliat y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel).
Entre 2018 y 2019, El Goliat recibió ocho contratos que sumaron US$1.954.821,06. Fue sancionada por Estados Unidos el 12 de diciembre de 2019 por “generar ganancias, lavar dinero” para el régimen, además por estar controlada por Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de la pareja presidencial y quien es un “administrador clave” del esquema de negocios de su familia.
Después de esas sanciones, El Goliat desapareció como proveedora del Estado. Irónicamente Serprosa, empezó a recibir montos millonarios de su propio socio: Enatrel.
El apoderado de Serprosa era hasta enero de 2020, el Contador Público Francisco Javier Pérez Ubilla (consta en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua). Fue asesor financiero del Comisariato de la Policía Nacional, según su perfil en LinkedIn. “Hace dos años que no trabajo en esa empresa”, respondió cuando le llamó la jefa de prensa de Artículo 66 para preguntarle cuál es su vínculo con Serprosa. Después no quiso responder más preguntas y cortó la llamada.
En junio de 2020, Serprosa proporcionó con equipos a la Policía Nacional, uno de los brazos opresores del régimen y ahora subordinado al dictador Ortega. En esa ocasión, Confidencial reveló que Serprosa compró a la empresa mexicana Giramsa S.A unos 350 uniformes y pertrechos para uso de antimotines por un monto superior a los US$302,000.
Telaraña de corrupción
Félix Maradiaga, exdirector ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), dijo que se han encontrado casos en que la Policía y estas empresas privadas de seguridad trabajan de la mano para burlar sanciones, “adquirir material de represión que va directamente a las fuerzas antimotines, pero también para hacer contrataciones jugosas”.
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En las licitaciones de Serprosa, aparece como beneficiario final Rafael Antonio Gutiérrez Avendaño. Pero la persona que firma los contratos es Humberto José Cortez Bustos, quien fue procurador civil de la Procuraduría General de la República.
“Yo no tengo nada que ver en eso. Yo no atiendo licitaciones”, respondió Cortez Bustos cuando se le llamó para preguntarle por qué aparece su firma en los contratos. Luego de esto, arremetió contra la periodista de Artículo 66: “¿A cuenta de qué tengo que atender lo que usted me está diciendo? Usted no me puede obligar a mí a que yo hable de un tema que ni tengo que ver. O tal vez tengo que ver parcialmente. ¿Usted es autoridad? ¿Qué cosa es?”. Luego se alteró y dijo a manera de intimidación que era abogado.
Llama la atención que José Jorge Mojica Mejía, testaferro íntimo de la familia Ortega-Murillo y sancionado por Estados Unidos por “crear sociedades pantalla con fines de lavado de dinero”, se encuentra en la planilla de Serprosa y cotiza como “empleador” con un sueldo neto de C$65.000,00 (US$2.392), según una búsqueda en la base de datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que fue filtrada a Nicaragua Investiga y que contiene información del sueldo que reciben los cotizantes.
Servipro y Francisco Bautista Lara
Maradiaga afirma que cuando Ortega regresó al poder en el año 2007 este negocio se convirtió en una modalidad de “premio” para su círculo íntimo y “castigo” a los que no simpatizaban con el Frente Sandinista. Fue a través de la Ley de Seguridad Privada (Ley 903) —que otorga la licencia de operaciones a estas compañías— y la utilizó el régimen para “quitar del camino a las empresas de seguridad privada que no estaban vinculadas a la familia Ortega-Murillo, ni a la Policía sandinista o al Ejército de Nicaragua”.
En los documentos se encontraron megacontratos de Servipro, controlada por exguerrilleros sandinistas y exfuncionarios que ocuparon altos cargos en la Policía Nacional. Desde 2018 a la fecha, ha recibido a través de 15 contratos la suma de US$3.523.952,46.
Francisco Javier Bautista Lara, fundador de la Policía y quien llegó a ocupar el cargo de subdirector general y comisionado general entre 2001 y 2005, es uno de los beneficiarios finales de Servipro y ganó cuatro contratos millonarios cuando fue embajador ante el Vaticano (septiembre de 2020 – febrero de 2021), violando el artículo 130 de la Constitución Política de Nicaragua que establece que todo funcionario público, incluso, “los embajadores de Nicaragua en el exterior no pueden obtener concesión alguna del Estado”.
Además, violó el artículo 8 de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, y el artículo 18 de la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, que prohíben a la persona que tiene un cargo en el Gobierno recibir contratos.
Bautista Lara dijo al equipo de Artículo 66 en llamada telefónica que no ha violado ninguna legislación. Él dice que es socio de Servipro y no dueño absoluto. “La empresa existe desde hace 30 años, participa y licita formalmente en todos los procesos. Yo soy directivo, no gerente. Y hemos ganado procesos en distintos momentos, no tiene nada qué ver absolutamente eso (que haya sido embajador ante el Vaticano)”, contestó.
Cuando se le mencionó el artículo 130 de la Constitución, comentó lo siguiente: “Tiene que ver lo que dice el artículo constitucional, porque si la intención suya es manipular la información lo puede hacer diciendo mentiras. Pero si quiere apegarse a los términos de la ley tiene que fijarse bien lo que dice. Su intención es ofender y calumniar. Lo puede hacer sin evidencia como lo hacen normalmente”.
El experto en temas tributarios consultado para esta investigación explicó que el exembajador pudo ser inhabilitado del cargo y suspendido por un tiempo de sus labores, lo que implica no recibir su salario. “Pero ya sabemos que esto no sucede”, apuntó. En cuanto a la empresa, dice: “A Servipro le debió haber costado las inhabilitaciones para participar como proveedor del Estado. Y eso podría ir de uno a tres años”.
El exembajador ha mostrado su lealtad a la dictadura. En mayo de 2021, mientras su empresa ganaba licitaciones públicas, justificó la casa por cárcel que impuso el régimen a los opositores y dijo que fue legítimamente usada para buscar la “paz” en Nicaragua.
Ultranic y las otras empresas
Roberto Samcam, mayor en retiro que conoció a varios exfuncionarios por el cargo que ocupó, sostiene que este negocio opera al amparo del régimen para comprar lealtades de los exfuncionarios y que ellos piensen: “El jefe nos está dando negocios, nuestra empresa crece, la bolsa crece y en consecuencia mantenemos bien a nuestros oficiales y le damos un mayor beneficio a los que están adentro y a los que están afuera”.
En el país operan 150 empresas de seguridad y vigilancia, según los últimos datos oficiales de la Policía Nacional de 2017. Pero el mercado está centrado en estas empresas. Es así como Ultranic aparece como la otra que más ha prestado servicios de seguridad y vigilancia. Desde 2018 a la fecha, recibió US$1.096.539,86. La mayoría se los entregó Enatrel.
Ultranic está conformada por ocho exmilitares nicaragüenses, entre ellos Javier Alonso Carrión McDonough, exjefe del Ejército de Nicaragua y a Adolfo Antonio Chamorro Tefel, exgeneral en Brigada, accionista del Banco de Finanzas (BDF) y de la Universidad Americana (UAM), dos negocios en los que está detrás la institución castrense.
Se llamó al número personal de Rodrigo Cardenal Martínez, gerente general de Ultranic, pero no respondió las llamadas. Luego se envió un correo a la Gerencia y al Departamento de Ventas y tampoco hubo respuestas.
Javier Meléndez explicó que el servicio de seguridad privada es un gran negocio porque genera ingresos que superan los 250 mil millones de dólares a nivel mundial, aunque son muy difíciles de regular por el vínculo con los militares y policías que “tienen una cultura de secretismo y que son alérgicos a rendir cuentas”.
“El problema no es que ellos entren al mundo de los negocios, de la seguridad privada. El problema es que estas empresas como Ultranic o Servipro, por ejemplo, al ser integradas o estar bajo la propiedad de exmilitares y de expolicías, tienen todas las ventajas del mundo para proveer los servicios a las instituciones del Estado”, indicó Meléndez.
