Este lunes 07 de febrero, La Asamblea Nacional aprobó la creación de tres universidades estatales que serán regidas por el CNU, supuestamente “para garantizar la continuidad educativa” de estudiantes de universidades privadas con personalidades jurídicas canceladas
Con 90 votos a favor, los diputados cómplices de las disposiciones del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobaron la Ley Creadora de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda; la cual tiene por objeto creación de casas de educación superior estatal. Estas garantizarán la continuidad de la formación académica de los estudiantes de la ahora extinta UCATSE.
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En la presentación de la Iniciativa de Ley Creadora de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, el fanático orteguista y diputado de la Asamblea Moisés Absalón Pastora dijo que “con la creación de las universidades nacionales se está haciendo justicia a todos los jóvenes universitarios que habían sido afectados por los comerciantes de la educación”.
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Los parlamentarios del gobierno de Daniel Ortega aprobaron la creación de la Universidad Nacional Politécnica (UNP), que sustituirá a la UPOLI y la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés; que asumirá la formación de los estudiantes de las piñateadas universidades UHISPAM, UPONIC, UNEH y la Universidad Paulo Freire.
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Según los poderes Ejecutivo y Legislativo, se canceló la licencia a las universidades privadas porque “han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro”, o porque su “Junta Directiva se encuentra acéfala”.
Los alumnos temen perder sus historiales de formación, mientras los docentes y empleados están a la espera de respuestas en cuanto sus puestos de trabajo.
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El rector de la Universidad de Paulo Freire (UPF), Adrián Meza, ahora exiliado en Costa Rica después de que ilegalizaron su centro de estudio, por motivos de seguridad, aseguró que en varias ocasiones intentó entregar sus informes ante el Ministerio de Gobernación, donde no se los recibieron, porque, a su juicio, ya había una orden de cerrar las universidades.
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El cierre de las universidades a las que se les retiro la personalidad jurídica es ilegal, así explica el abogado Yader Morazán las universidades “tenían hasta el cierre del año fiscal para presentar sus estados financieros, es decir, hasta el 28 de febrero” próximo. Añadió, incluso con fallas, la ley manda a corregir, pero no al cierre, apuntó.
Por su parte, María Asunción Moreno, experta en derecho constitucionalista explico “Nuestra Constitución es clara en señalar y reconocer, no solo la autonomía universitaria, sino que los bienes y rentas de las universidades no pueden ser objeto de intervención ni expropiación”, por lo que es totalmente ilegal lo que sucede con las universidades privadas en Nicaragua.
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Las universidades están tomadas por la política nadie puede pasar de los portones al menos sea autorizado por el gobierno. Mientras tanto, los universitarios han optado por la prudencia por temor a ser arrestados, expulsados de sus centros de estudios, se les elimine su historial académico, o se les prohíba retirar sus certificados, a como ocurrió con cientos de estudiantes que participaron en las protestas contra Ortega en 2018.
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Todas estas iniciativas buscan garantizar la continuidad de los programas académicos que eran ofrecidos por las extintas asociaciones universitarias, procurando igual o superior calidad académica y para la seguridad de las y los estudiantes nicaragüenses.
