El noveno Censo Nacional de Población y quinto Censo Nacional de Vivienda (CEPOV) en Nicaragua, realizado entre 30 de abril y el 29 de mayo de 2024, ha generado una serie de interrogantes sobre su financiación y ejecución.
“Pese a las fechas previstas para el censo, el plazo de recopilación de la información se extendió más de lo previsto sin que las autoridades responsables informarán las causas del retraso,” manifestó en su informe el Observatorio de Urnas Abiertas.
A pesar de la importancia de este Censo, la falta de transparencia y el clima de desconfianza han comprometido la validez de los datos obtenidos. Urnas Abiertas ha investigado a fondo el proceso, revelando preocupaciones significativas sobre el manejo presupuestario del censo.
Financiamiento del Censo
“Para la comunidad internacional, la calidad de las estadísticas nacionales ha sido de gran preocupación, así se demuestra en los acuerdos de los fondos recibidos en los últimos años a través de préstamos y donaciones para mejorar el Sistema Estadístico Nacional (SEN).” revela Urnas Abiertas en su detallado informe.
El presupuesto asignado al Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) para 2024 es de aproximadamente 100 millones de córdobas, equivalentes a alrededor de 2.7 millones de dólares. Este fondo ha sido cuestionado por su insuficiencia para cubrir todos los gastos del censo.
Según un cálculo no oficial del medio Confidencial, el costo de las contrataciones de personal para el censo alcanzó los 92 millones de córdobas, alrededor de 2.5 millones de dólares.
Este desajuste financiero es alarmante considerando que las compras y contrataciones relacionadas con el censo, según el Programa Anual de Contrataciones(PAC) del INIDE, suman un total de aproximadamente 29 millones de córdobas (poco más de 800 mil dólares) para 2024. Sin embargo, esto parece ser solo una fracción del costo del censo, y la falta de detalles precisos en los informes públicos genera preocupación sobre la gestión financiera del proyecto.
Los hallazgos de la investigación demuestran que “la actual implementación del Censo no cumple con una adecuada supervisión del gasto y pone en tela de duda la calidad de la información. Aunque el FMI celebre el progreso en la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, la realidad es que en este momento toda la ejecución presupuestaria del Censo está siendo manejada bajo total hermetismo, pues ni en el Presupuesto General de la República, ni en el presupuesto específico del INIDE, se ha incluido una partida para cubrir los gastos” recalca el análisis de Urnas.
Falta de transparencia y desconfianza
El manejo opaco de los fondos ha generado dudas sobre la correcta administración del dinero al censo. Aunque el gobierno de Daniel Ortega y las instituciones financieras internacionales han proporcionado recursos, la información sobre cómo se utilizan estos fondos sigue siendo escasa.
Esto ha aumentado la desconfianza tanto en la población como en los observadores internacionales. Además, el hecho de que el último censo se haya realizado con nueve años de retraso y en un clima de desconfianza ha añadido complejidad al proceso.
Así como, las promesas incumplidas a los encuestadores, la falta de pagos y viáticos adecuados, y las dificultades para obtener datos precisos han contribuido a la percepción negativa sobre la validez de los resultados del censo.
“La única información pública que ha puesto a disposición el INIDE es que algunas de las compras de equipos y contrataciones de servicios se está dando a través de un convenio interinstitucional con el Banco Central.” dice Urnas añadiendo que operativamente las Alcaldías están jugando un papel importante al alojar a los delegados locales del INIDE y al facilitar logísticamente la operación en terreno, así como las actividades públicas de lanzamiento del Censo a lo largo del país.
Falta de control y supervisión del uso de recursos
La investigación de Urnas Abiertas revisó las finanzas públicas para indagar cómo se está financiando y ejecutando el censo, y el hallazgo más llamativo es la opacidad tanto del gobierno como de las instituciones financieras internacionales. “ Desde 2014 hay fondos vinculados al Censo y al Sistema Estadístico Nacional (SEN) provenientes del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea” sin embargo, el uso y la ejecución de estos fondos siguen siendo opacos, generando serias dudas sobre la transparencia y la eficacia del proceso.”
Este escenario no sólo plantea serias preguntas sobre la transparencia y la gestión financiera del censo, sino que sugiere una preocupante falta de control y supervisión en el uso de los recursos públicos destinados a una de las actividades y la gestión financiera del censo, sino que también sugiere una preocupante falta de control y supervisión en el uso de los recursos públicos destinados a una de las actividades más cruciales para el desarrollo nacional.
