Bajo los decretos 01-2024 y 02-2024, el gobierno de Daniel Ortega ha anunciado este miércoles 17 de enero del 2024, el levantamiento de la veda de pinos, para el aprovechamiento de especies como el pino, cedro real y pochote. Esta medida marca la continuación de una política que ha venido siendo implementada desde que el régimen tomó el poder, desafiando restricciones establecidas en el gobierno de Enrique Bolaños.
La decisión tomada por el gobierno de Daniel Ortega, que ha establecido un patrón de levantar las vedas cada dos años, modificando previamente los decretos en 2021 para prolongar el período de restricción de un año a dos años. Esto plantea interrogantes sobre la capacidad del país para garantizar un aprovechamiento sostenible de estos recursos en el largo plazo.
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Amaru Ruiz, en una entrevista con Intertextual, expresó su preocupación por la falta de transparencia y la ausencia de estudios técnicos que respalden la sostenibilidad ambiental de esta decisión. Ruiz destaca que la explotación insostenible de los recursos naturales ha sido una constante, beneficiando a unos pocos y poniendo en riesgo los bosques naturales de pino, cedro real y pochote, esenciales para la salud de los ecosistemas y la subsistencia de las comunidades.
«El levantamiento de la veda del pino en Nicaragua, plantea desafíos ambientales significativos y resalta la necesidad urgente de un enfoque más transparente y basado en evidencia científica para garantizar un aprovechamiento sostenible de los recursos forestales del país», sostiene Ruiz.
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El decreto establece que «el aprovechamiento del pino», incluso en «áreas protegidas» resalta Ruiz, «Esto suscita preocupaciones sobre el impacto directo en bosques naturales de pino, cruciales para la conservación y mantenimiento de la biodiversidad, así como para comunidades locales, especialmente pueblos indígenas», concluye el ambientalista nicaragüense.
Oficialmente, el gobierno argumenta que busca impulsar el desarrollo económico mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. Sin embargo, críticos, como el reconocido activista ambiental Amaru Ruiz, cuestionan la falta de estudios técnicos que respalden esta afirmación y expresan su preocupación por la falta de transparencia en los beneficios otorgados a quienes controlan la industria forestal en Nicaragua.
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