El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, presentó su quinto boletín informativo sobre las violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua, documentando que denuncia la “sistemática represión estatal hacia las personas religiosas y laicas» del país.
Salvador Marenco, abogado del colectivo, junto a la comunicadora Wendy Quintero resaltaron que todos los poderes del Estado nicaragüenses , incluido el Poder Judicial y la Policía Nacional “participan activamente en la persecución de líderes religiosos y ciudadanía que profesan la fe”. De acuerdo con el boletín, estos actos representan “crímenes de lesa humanidad” debido a su severidad y carácter de represión masiva contra la población civil.
Crímenes de lesa humanidad
El Agogado y defensor de derechos Humanos Salvador Marenco refiere que la violencia a la libertad religiosa se revela en este quinto boletín en donde con elementos hechos públicos y los casos que han documentado pueden aseguran que al menos se han cometido cuatro tipos distintos de crímenes de lesa humanidad contra las personas religiosas y laicas en Nicaragua “ esto atenta contra la dignidad de los pueblos(…) estos crímenes de lesa humanidad no solo nos afectan a nosotros, sino que además atenta con la seguridad internacional”.
En el informe, la organización detalla los crímenes de lesa documentados tales como “ la encarcelacion, detenciones arbitrarias, la tortura, la persecución a personas religiosas y el traslado forzoso o destierro” señaló Marenco.
Al menos cinco ocasiones se han dado desde 2023 a la fecha, de traslados forzosos o destierros contra personas religiosas contra sacerdotes y evangélicos, sostuvo el abogado.
La represión se ha extendido, con la clausura de más de 1200 organizaciones religiosas, representando un 20% de las organizaciones civiles cerradas. Entre las iglesias cerradas afectadas recientemente está la iglesia Morava, cuyas propiedades fueron confiscadas. Estos actos argumentan los defensores de derechos humanos “violentan la libertad religiosa y buscan controlar la fe como una herramienta para anular las esperanzas de justicia de la población.”
Apatridia de facto Destierros, desnaturalización y control de la libertad religiosa
Entre los datos más alarmantes del informe, el colectivo señala que, desde el 2022, “al menos 74 líderes religiosos han sido detenidos sin garantías procesales, incluyendo 11 pastores de la congregación Puerta de la Montaña.” 111 Ciudadanos nicaragüenses se han visto impedidos de regresar al país o renovar sus pasaporte en el extrajero debido a una “ apatridia de facto estatal”, práctica que el boletín clasifica como persecución de motivación tanto política como religiosa.
La comunicadora Wendy Quintero, mencionó que el Colectivo ha documentado estos abusos, señalando que el destierro y la persecución son “crímenes de lesa humanidad” cometidos contra más de 450 personas, con especial énfasis en líderes religiosos, quienes han sido desterrados o privados de sus derechos sin que se respete el debido proceso.
Desde el 2022, el Estado nicaragüense ha aumentado las detenciones y los destierros, afectando tanto a laicos como a religiosos. “Al menos 35 religiosos han sido despojados de su nacionalidad por vía judicial, y desterradas 63 personas”, refiere Quintero y añade que el informe documenta también torturas como desnudez forzada, golpizas y violencia psicológica en al menos 14 casos de detenciones arbitrarias.
De estos, el 25% son sacerdotes expulsados de sus parroquias, la diócesis de Matagalpa es una de las más afectadas. Las denuncias detallan que la Policía Nacional obstaculiza el ejercicio público de la fe, prohibiendo procesiones y limitando el acceso a la ciudadanía religiosa.
Informe contradictorio del regimen en el Examen Periodico Universal (EPU)
El gobierno de Ortega Murillo presentó su informe en el EPU de la Nacionales Unidas, omitiendo cualquier mención a la libertad religiosa y negando la realidad de represión política y religiosa en el país. El informe estatal afirmaba “ el fortalecimiento de derechos” y el funcionamiento de una procuraduría independiente, lo cual ha sido cuestionado ya que esta institución no ha producido informes críticos desde 2014.
En contraste, el informe de Nicaragua Nunca Más presenta pruebas documentadas de tortura, detensiones arbitrarias y violaciones sistemáticas a derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y de culto.
Este contexto ha impulsado el mayor éxodo en la historia de Nicaragua, con más de 800,000 personas huyendo hacia Costa Rica y otros países, en busca de refugio. Frente a estas violaciones, el Colectivo Nicaragua Nunca Más llama a la comunidad Internacional para exigir justicia y detener estas prácticas que, aseguran, no solo atentan contra la dignidad humana, sino también contra la seguridad internacional.
