La niñez y adolescencia de Nicaragua siguen siendo el principal blanco de la violencia y cada vez hay menos acciones preventivas de parte del Estado para proteger a ese segmento poblacional, dicen voces que trabajan este tema.
“Atrás quedó el discurso de que el país es el más seguro de Centroamérica”, dice Julia, una activista social que debido a la persecución trabaja casi en la clandestinidad en una zona rural del país. Para ella, basta con ver los siguientes números para entender su crítica: en el año 2020 y 2021 se registraron 71 femicidios, en el año 2022 se contaron 68 y el año pasado 73. “Eso quiere decir que la violencia es una constante”, advierte.
El profesor José lleva 22 años ejerciendo el magisterio en un colegio público por la mañana y en uno privado por las tardes. El dice que hay un comportamiento “violento” en los adolescentes. “La razón por la que vemos esa violencia, es porque ellos están expuestos a mucha violencia también”, explica.
Para el educador “el problema es que hay violencia en casa, en las calles, hay violencia política y eso mantiene bajo estrés a estos muchachos”. “Un universitario mata a un niño, otro sujeto sale de prisión de donde debió salir rehabilitado y mata a su expareja, No. Algo anda mal en nuestra sociedad”, critica.
La violencia institucional en Nicaragua
Don José y la activista por los derechos de la mujer, coinciden también en que los nicaragüenses enfrentan la violencia estatal que es otra expresión de violencia que padece la nación. “El país vive una ola de violencia institucionalizada por la constante represión contra los ciudadanos opositores al régimen (Ortega-Murillo). Más de 7 mil personas han sido secuestradas y obligadas a vivir en cautiverio por meses y hasta años, solo por pensar diferente a los que gobiernan el país. Otras han sido desterradas”, recuerda Julia.
Menciona que mientras eso ocurre, miles de transgresores de la ley entre ellos “femicidas frustrados”, asaltantes callejeros y comerciantes del narcomenudeo, son liberados antes que cumplan condenas o que estén preparados para volver a la sociedad gracias a los indultos presidenciales del régimen. Ya libre, estas personas reinciden en fechorías, destruyen familias y roban sus bienes. “La gente está sufriendo por esta violencia”, denuncia la activista.
Para el educador, hay una crisis “familiar fuerte”. “Muchas familias disfuncionales, muchos hogares hechos pedazos por las migraciones, hay mucho consumo de drogas, de tecnologías inútiles y el resultado es catastrófico. Debemos poner cuidado a lo que está pasando con los jóvenes, darles oportunidades y no dañarles el futuro”, aconseja.
“El problema –dice el profesor – es que si no atacamos estos factores estamos en presencia de la descomposición social ante la pérdida de valores morales, éticos y la desintegración del núcleo familiar por la falta de contacto entre padres e hijos y esto se agrava, cuando esos padres han tenido que migrar al exterior o salir por exilio forzado”, explica.
Años de sumar cifras negras
Según datos del observatorio de Católicas Por el Derecho a Decidir (CDD), en Nicaragua, en el 2020 se cometieron 71 femicidios de los cuales 17 fueron contra niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad. “El problema es que estos crímenes ocurrieron ese año y el patrón se repitió al año siguiente y después al siguiente y así, sin que haya un freno”, comentó la activista.
Nadie olvida por ejemplo, lo ocurrido en septiembre del 2020; el asesinato contra dos niñas de 10 y 12 años y la violación de una de ellas en el municipio de Mulukukú, al noreste del país. El crimen hasta originó la aprobación de la Cadena Perpetua como una condena, que antes, no existía en la legislación nacional, pero pese a eso, los crímenes contra las niñas siguen ocurriendo.
“Esa justicia no las ha salvado, y en las zonas rurales es peor”, se queja una pariente de la madre de aquellas niñas. Recordó que la madre de esas menores ya había denunciado abusos contra una de ellas y quedó en la impunidad. “Parecen vivir condenadas a la muerte para lograr paz, porque la justicia nunca llega”, dice.
Las 71 muertes de ese año, dejaron también a 115 menores en la orfandad. Según las organizaciones feministas, las cifras serían mayores de no ser porque los agresores no lograron su objetivo en 88 casos. “Asustan los números de femicidios, pero hay que sumar los femicidios en grado de frustración que dejan secuelas difíciles a las víctimas y a sus familiares”, dice la activista.
Escandalosas denuncias de niñas desaparecidas
La violencia contra ellas no se contuvo en 2021. Según las estadísticas de Católicas Por el Derecho a Decidir (CDD), ese año se registraron seis femicidios en contra de niñas y adolescentes producto al incremento de la violencia machista en Nicaragua. Y en total, el año cerró con otras 71 mujeres asesinadas.
Las organizaciones feministas señalan que instituciones como la Policía, incrementaron su número de efectivos, pero lamentablemente no redujeron las estadísticas de violencia, por dar prioridad siempre a la persecución política.
La Red de Mujeres del Norte “Ana Lucila”, registró ese año la escandalosa desaparición de 71 niñas y adolescentes, principalmente en los municipios de León, Chinandega y Somotillo. “Hay un problema y se visibiliza porque se denuncia, lo que no vemos es soluciones, no hay políticas de Estado eficaces, un discurso no sirve, se necesitan acciones”, demandó la activista.
En el 2022, las organizaciones feministas contabilizan 68 femicidios, 57 sucedieron en Nicaragua y 11 en el extranjero. Del total de los presuntos asesinos, solamente 20 han sido declarados culpables, cinco casos estaban en investigación, 14 en proceso judicial, un proceso judicial suspendido, uno de los agresores se suicidó y 27 han quedado en la impunidad.
De las 68 víctimas, al menos tres tenían entre uno a 12 años, siete de ellas entre 13 a 17 años, 32 tenían edades entre 35 a 59 años y tres mujeres de la tercera edad. El departamento donde más víctimas e registraron fue en Managua con 15 casos y en segundo lugar la Región Autónoma del Caribe Norte con 11, seguida por la Región Autónoma del Caribe Sur.
Nada cambia
El año pasado el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir documentó 73 casos de mujeres nicaragüenses asesinadas. Las edades de las víctimas oscilaban entre los 18 y 25 años, siendo el caribe nicaragüense una de las zonas donde más casos se registraron, según la Red de Mujeres Contra la Violencia.
Según el informe de esta organización, la violencia de género acabó ese año con la vida de cuatro menores, dos de 15 años de edad, una de 13 y otra de 12, una cifra que se vuelve alarmante, denuncian.
Y hasta mayo de este año, Católicas por el Derecho a Decidir, reportó 28 femicidios. La lista incluye a tres mujeres asesinadas en el extranjero. “No se debe callar la violencia ni sus consecuencias. Debemos seguir denunciando y exigiendo al Estado que trabaje en políticas de protección que sean realistas, ni las charlas, ni las cartillas sirven. El problema de la violencia es complejo y requiere el concierto de toda una sociedad para acabar con ella”, recomienda la especialista.
