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La discriminación y la violencia contra la comunidad lésbica, gay, transgénero bisexual e intersexual (LGTBI+) persisten en Honduras, dónde más de 500 miembros del colectivo han sido asesinados desde 2004, por lo que activistas piden abordar «con urgencia» la alarmante situación, según un informe anual divulgado este miércoles en Tegucigalpa.
“La violencia continúa siendo la principal problemática para esta población, con un año que mantiene o incrementa los resultados en comparación en años anteriores”, es uno de los principales hallazgos recogidos en el informe anual 2024 del Observatorio de Violencia hacia personas LGTBIQ+ de Honduras.
Desde 2004, al menos 565 miembros de la comunidad LGTBIQ+ han sido asesinados en Honduras, 47 de ellos en 2024, y más del 98 % de los casos siguen impunes, detalla el documento.
El Observatorio además registró en 2024 aproximadamente 311 denuncias de violencia generalizada contra este colectivo, una persona desaparecida y 38 casos de asistencia a refugiados en el extranjero.
La directora ejecutiva de la Asociación Lésbic, Bisexual, Trans y Feminista Ixchel, Lucía Barrientos, dijo que “no se ha disminuido la violencia” hacia la comunidad LGTBIQ+ en Honduras y expresó su preocupación por la situación que enfrenta el movimiento.
“La violencia persiste en el país, con un aumento en las poblaciones vulnerabilizadas”, subrayó Barrientos, tras destacar que la discriminación, el odio y la falta de acceso a servicios básicos, son los principales problemas que afectan a la comunidad LGTBIQ+ en el país centroamericano.
Hizo un llamado a las autoridades para que implementen un protocolo de atención diferenciada, realicen investigaciones «más profundas» sobre las muertes de personas LGTBIQ+ y tipifiquen el delito de odio.
Débil investigación causa alta impunidad
El informe también resalta la «debilidad» en los procesos de investigación, lo que se traduce en “altos niveles de impunidad” y fortalece los “actos de violencia hacia las personas LGBTI”.
La violencia se dirige principalmente contra personas de entre 18 y 30 años, lo que indica que este sector requiere “protección inmediata” y que las autoridades implementen “políticas adecuadas” para salvaguardar sus derechos, resalta el documento.
En el documento se enfatiza la importancia de fortalecer la colaboración entre el Gobierno y la sociedad civil para establecer “políticas de protección” para las personas LGTBIQ+, ya que la erradicación de la violencia hacia este colectivo “no solo es una deuda histórica, sino también una necesidad social que debe abordarse con urgencia”.
Dany Montecinos, representante del Observatorio de Violencia hacia las personas LGTBIQ+ en Honduras, señaló a EFE que la falta de políticas para proteger a las poblaciones vulnerables está impulsando un repunte de la violencia contra los miembros de este movimiento.
Honduras es un «país bastante conservador» y carece de políticas que protejan a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, a pesar de contar con «un Gobierno bastante progresista y con un pensamiento de apoyo a este tipo de poblaciones», explicó Montecinos.
«La cultura de impunidad prevalente en el país agrava aún más la situación, dejando a las personas LGBTIQ+ expuestas a constantes agresiones y vulneraciones de sus derechos fundamentales», señala el documento.
La ausencia de un marco legal integral para las personas LGTBI+ en Honduras contribuye «a la ola de violencia, ya que no existe un respaldo jurídico adecuado», señala el Observatorio, que afirma que combatir esa violencia y la discriminación debe ser «una prioridad nacional».
«Solo a través de un enfoque integral y coordinado será posible avanzar hacia una sociedad más inclusiva, segura y respetuosa para todas las personas, sin importar su orientación sexual, identidad de género o expresión de género», indica el informe.
