(EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este martes la existencia de un plan destinado a «destruir» su Gobierno y «asestar un nuevo golpe de Estado» en el país, y condenó «todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos» tras la divulgación de un video que muestra una reunión en 2013 entre su cuñado, Carlos Zelaya, y traficantes de droga.
«El plan para destruir mi Gobierno socialista, democrático y el próximo proceso electoral, está en marcha, las mismas fuerzas oscuras internas y externas de 2009, con la complicidad de la mediática corporativa nacional e internacional, se están reorganizando en nuestro país para asestar un nuevo golpe de Estado, que el pueblo debe repeler», denunció Castro en un acto oficial transmitido en cadena de radio y televisión.
Agregó que el Plan de Solución contra el Crimen, aprobado en marzo de 2023, demuestra su «compromiso político a favor de la extradición», pero aseguró que «no permitiré que se instrumentalize selectivamente el tratado vigente con EE.UU. para desarticular a las Fuerzas Armadas, derrocar mi Gobierno y destruir las elecciones» que el país celebrará en 2025.
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Castro ratificó que «la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo» y recordó «las amenazas» de la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, al acusar «de narcotraficantes» al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, y al exministro de Defensa José Manuel Zelaya.
El Gobierno hondureño decidió el pasado miércoles «dar por terminado» el tratado de extradición bilateral con Estados Unidos en medio de una tensión diplomática con la embajadora estadounidense en Tegucigalpa por criticar una reunión reciente de autoridades de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.
En la misma cadena de radio y televisión, el Gobierno hondureño reveló una lista de políticos opositores que son investigados en EE.UU. por narcotráfico.
Herramientas y tecnología para combatir el narcotráfico
La presidenta hondureña ordenó este martes a la Fiscalía de Honduras «ejercer drásticas acciones» en los casos divulgados sobre políticos de oposición que estarían involucrados en tráfico de drogas, «sin ninguna selectividad para el combate a la narcoactividad».
Solicitó al Parlamento hondureño, donde el partido Libre no tiene mayoría, reformas las leyes necesarias para que la fuerza de seguridad del Estado «actualmente limitada, combata con fuerza esta criminalidad organizada».
Castro le ordenó a su ministra de Defensa dotar a las Fuerzas Armadas de herramientas y tecnología necesarias para «impedir que Honduras siga siendo utilizada como puente para el tráfico de droga que consumen por toneladas en los países de destino».
Sobre el video divulgado hoy de una reunión en 2013 entre su cuñado Carlos Zelaya y traficantes de drogas, la mandataria dijo que «condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos».
Según un informe de la organización no gubernamental estadounidense InSight Crime (Crimen Organizado en las Américas), divulgado este martes por la prensa local hondureña, Carlos Zelaya, cuñado de Castro y hermano del expresidente Manuel Zelaya, se reunió con narcotraficantes en 2013 y le ofrecieron donar más de 500.000 dólares para la campaña del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
Carlos Zelaya admitió el sábado que se reunió con narcotraficantes en 2013 que le ofrecieron dinero para la campaña del Partido Libre, aunque negó haber recibido dinero, y anunció su renuncia como secretario del Parlamento hondureño.
InSight Crime resalta que el vídeo «es otra sorprendente prueba de la profundidad de la infiltración de los narcotraficantes en la clase política de Honduras», y confirma «las antiguas sospechas de que el actual partido de gobierno de Honduras, al igual que políticos como (Juan Orlando) Hernández, no fue ajeno a la influencia del dinero del tráfico de drogas justo en el momento en que se intensifican las campañas para las elecciones de 2025».
El vídeo fue entregado por Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga, exlíderes del cartel Los Cachiros, tras lograr un acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA), en diciembre de 2013.
